_____________________________________________________________________________________ Ante esta situación, el señor Peralta Armijos interpuso un recurso de amparo constitucional ante los jueces de lo Civil de Guayaquil. El 13 de octubre de 2003, el Juzgado Décimo de lo Civil de Guayaquil ordenó al Director del Instituto Nacional de Pesca dejar sin efecto el referido nombramiento por así haberlo resuelto la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia no fue ejecutada por las autoridades. El 12 de febrero de 2004, el señor Peralta Armijos presentó una denuncia en contra del Director del INP por el delito de prevaricato en virtud de que no acató las decisiones judiciales de 19 de mayo de 2003 y 13 de octubre de 2003 que ordenaban dejar sin efecto el nombramiento realizado, la cual fue desestimada tras considerar que los hechos denunciados no constituían una infracción penal. El 11 de marzo de 2004, el señor Peralta Armijos presentó una acción de habeas data con el fin de obtener una copia certificada de los cuadros de asignación de puntajes individuales en el proceso de reestructuración del INP. Considerando afirmaciones realizadas por el señor Peralta contra el Director del Instituto Nacional de Pesca en el marco de dicho proceso, el 7 de diciembre de 2004, la gestión de Recursos Humanos del INP inició un sumario administrativo contra el señor Peralta por realizar aseveraciones que afectaron la dignidad de varios funcionarios del INP, incurriendo en faltas establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. El 14 de enero de 2005, el Director General del INP le impuso la sanción de destitución de su cargo. El señor Peralta interpuso una serie de recursos llegando hasta la casación. En particular, interpuso un recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital No 2 de lo Contencioso Administrativo, el cual el 21 de febrero de 2007 declaró la ilegalidad de acto de destitución y ordenó su reinstalación, sin embargo, indicó que por efecto de la ilegalidad declarada no procedía el pago de las remuneraciones demandadas. En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 177/20, la Comisión concluyó que el Estado dejó de cumplir las decisiones firmes emitidas el 19 de mayo de 2003 por la Corte Suprema de Justicia y el 13 de octubre de 2003 por el Juzgado Décimo de lo Civil de Guayaquil, por lo que incurrió en una violación del derecho a la protección judicial en relación con la tutela judicial efectiva y el cumplimiento de los fallos internos. Asimismo, la Comisión notó que, tras la decisión que lo destituyó de su cargo en el INP, el señor Peralta Armijos presentó un recurso ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, el cual determinó la ilegalidad de la destitución y ordenó su reinstalación, sin embargo, el Tribunal indicó que no procedía el pago de remuneraciones dejadas de percibir por el efecto que generaba la ilegalidad de la declaratoria de destitución. En este sentido, la Comisión consideró que un recurso judicial efectivo debe ser capaz de proveer una reparación adecuada y que esta reparación en casos de despido injustificado abarca como un elemento mínimo, el pago de un monto por concepto de salarios y beneficios sociales dejados de percibir. En este sentido, concluyó que el señor Peralta Armijos no contó con un recurso judicial efectivo para obtener una reparación por el despido injustificado. Con base en dichas consideraciones de hecho y de derecho, la Comisión concluyó que el Estado de Ecuador vulneró los derechos consagrados en los artículos 25.1 y 25.2 c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones previstas en el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Félix Peralta Armijos. El Estado de Ecuador depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 24 de julio de 1984. La Comisión ha designado al Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana y a la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, como su delegado y delegada. Asimismo, ha nombrado a Jorge Meza Flores, Secretario Ejecutivo Adjunto y Karin Mansel, como su asesor y asesora. 2 _____________________________________________________________________________________

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