10 con anterioridad en su tiempo libre atendía de manera voluntaria a esta familia y que ellos se sentían muy cómodos recibiendo dicha atención”; ii. con relación a la familia Rivera Rivera33, el informe indica que, “aunque jurisdiccionalmente le correspondería ser atendida en otro establecimiento de su municipio de residencia, [son atendidos por la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Ciudad Arce] ya que esta familia se siente cómoda con la atención recibida en dicho establecimiento de salud”, y iii. con relación a la familia Contreras 34, se indica que “se han realizado gestiones a nivel hospitalario y local para que conozcan bien los casos de estas personas y se ha logrado la designación de recursos específicos para que se les facilite las atenciones según necesidades específicas”. 18. Para valorar tal información, la Corte toma particularmente en cuenta que en los últimos escritos de observaciones a los informes estatales, ni los representantes ni la Comisión presentaron objeciones con relación al tratamiento médico y psicológico que estarían recibiendo las víctimas (supra Considerando 16), ni hicieron referencia a los obstáculos o deficiencias que habían identificado en el año 201335. Inclusive los representantes expresaron que “reconoc[en] el funcionamiento actual de la prestación de salud tanto física como psicológica”, pero solicitaron a la Corte que ordene “proseguir brindando el tratamiento médico y psicológico requerido por las víctimas”. 19. En este sentido, la Corte valora que, conforme a lo informado por el Estado y no controvertido por los representantes y la Comisión, (i) se esté brindando de forma continua el tratamiento médico y psicológico a las víctimas (supra Considerando 17), (ii) se esté brindando una provisión adecuada de medicamentos y a través de mecanismos de fácil acceso, como una red interinstitucional para esos fines precisos (supra Considerando 16); y (iii) se han dado avances con respecto a entablar una relación cordial con las víctimas que ha permitido dar solución a las problemáticas identificadas previamente (supra Considerando 16). Igualmente, la Corte valora las aproximaciones específicas que han realizado a favor de cada núcleo familiar (supra Considerando 17). 33 Se desprende del informe que Margarita Dolores de Rivera, Agustín Antonio Rivera Galvez, Candida Marisol Rivera Rivera y José Daniel Rivera Rivera han recibido atención médica primaria, y que los primeros dos también han recibido atención hospitalaria. 34 Del informe se observa que María Maura Contreras ha sido beneficiaria de atención médica primaria y hospitalaria, al igual que psicológica. Igualmente, se desprende del informe que Julia Gregoria Recinos Contreras y Sara Margarita López Contreras fueron beneficiarias de atención médica primaria, y que Fermín Recinos fue beneficiario de atención médica hospitalaria. 35 Con relación al tratamiento médico, los representantes se habían referido a: la falta de sensibilidad del personal de servicios de salud; inexistencia de materiales y de tratamientos “recetados por especialistas”; la ausencia de una atención psicosocial; la falta de garantía de recibir una atención médica oportuna debido a que los “carnés de identificación que les [habían] sido otorgados” solo garantizaban “ingreso físico a los centros hospitalarios” y, debido a que tenían que ser renovados anualmente, solicitaron la ampliación de la vigencia de dicho documento. Con relación al tratamiento psicológico o psiquiátrico, los representantes valoraron positivamente que se capacitara al “personal técnico del Ministerio de Salud en el área específica de atención psicosocial” dirigido a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, pero observaron que para ese momento continuaban sin “recibir el apoyo psicosocial requerido”. La Comisión, el 2014, indicó que las capacitaciones que se estarían llevando a cabo a favor del personal de salud no debían “traducirse en una demora” para que los miembros de tales familias pudiesen “gozar de esta medida de reparación”, y que dichos servicios “deberían ser prestados a la brevedad”, y además solicitó al Estado que se refiriera a las deficiencias indicadas por los representantes en sus observaciones de 2013.