2020, fue enviado un oficio por el [Programa de Protección] a la Secretaría de Seguridad Pública del
estado de Roraima, solicitando la adopción de medidas de protección y seguridad en los alrededores del
[Instituto Socioambiental] y [Hutukara Asociación Yanomami – local de trabajo del propuesto
beneficiario], ante la posibilidad de retaliaciones a los funcionarios e indígenas que participan de una
campaña sobre la relación de la minería ilegal y la COVID-19. No obstante, hasta el presente momento,
no se obtuvo respuesta”.
28.
Considerando lo expuesto, el Estado alegó que la presente solicitud de medidas cautelares no
cumple los requisitos del Reglamento de la CIDH, indicando una supuesta falta de agotamiento de los
recursos internos, así como recordando el carácter subsidiario de la jurisdicción internacional, toda vez
que no se habría demostrado por los solicitantes que las medidas implementadas por el Estado serían
insuficientes o ineficientes. Además, el Estado agregó que “[en ese] contexto, se percibe que la cuestión
de la actividad minera ilegal […] es una situación verdaderamente antigua y cuyos contornos se vienen
definiendo con el pasar del tiempo, no mostrando, todavía, [un riesgo actual], lo que resulta
incompatible con el pedido de adopción de medidas urgentes”.
2.1 Información complementaria enviada por el Estado
29.
El 25 de junio de 2020, el Estado envió información complementar indicando que habría un
“Plan Operacional Integrado de Seguridad para Reactivación de las BAPE de la TI Yanomami”, se indicó
que se llevaron a cabo varias reuniones de concertación, recordando que una de las tres BAPE a ser
reactivadas ya está en funcionamiento. Asimismo, el Estado informó que la FUNAI está apoyando
financieramente las “barreras sanitarias” tanto en la parte de la Tierra Indígena en Roraima cuanto en
el Amazonas. Esas barreras, según información contenida en el expediente, no se relacionan con los
esfuerzos de fiscalización y retirada de mineros, pero contribuirían para combatir la diseminación de la
COVID-19 entre los indígenas (sin detallar).
30.
En relación con la reapertura de las demás BAPE, el Estado informó que la próxima será la
BAPE Serra da Estrutura, “cuya prioridad es garantizar el monitoreo y protección de los pueblos
aislados que viven en la región”. Para la reinstalación de la BAPE, el Estado ejecutó las operaciones de
combate a la minería tituladas “Mutum e Mucajaí” en 2019. Tal BAPE, inclusive, habría sido utilizada en
la referida Operación Curare XI en 2019 (ver supra párr. 26).
31.
El Estado añadió que, ante la “gravedad de las acciones criminales practicadas en la región
amazónica”, se autorizó en 2019 el uso de la Fuerza Nacional en acciones entre agosto y octubre de 2019
en tierras indígenas, detallando operaciones nacionales de represión a crimines ambientales y conexos.
Sin embargo, hasta la fecha del informe estatal, la Fuerza Nacional no habría sido utilizada en las Tierras
Indígenas Yanomami. Particularmente sobre las TIY, el Estado informó sobre los obstáculos al combate
a la minería, explicando que los “[…] Yanomamis ocupan una grande región de montañas de frontera
con Venezuela, en un área continua de 9.419.108 ha […]”. En efecto, el Estado resaltó que “[…] el
combate a los mineros disminuye la tensión de las áreas y contribuye para minimizar la diseminación
de enfermedades.”
32.
En ese contexto, particularmente con relación a la COVID-19, el Estado alegó que, desde enero
de 2020, el Ministerio de la Salud estaría poniendo a disposición “una serie de documentos técnicos
para que los pueblos indígenas, gestores y colaboradores puedan adoptar medidas que ayuden a
prevenir y tratar la infección por el nuevo Coronavirus”. En ese sentido, los miembros del equipo del
DSEI-Y “son orientados a priorizar el trabajo de búsqueda activa domiciliar de casos de Síndrome Gripal
(SG) y Síndrome Respiratoria Aguada Grave (SRAG), realizando clasificación de casos, evitándose la
circulación de personas con síntomas respiratorios”. Los casos diagnosticados habrían sido tratados en
conformidad a los protocolos específicos de tratamiento de COVID-19.
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