_____________________________________________________________________________________ Luego de diversas impugnaciones que incluyeron recursos extraordinarios, demandas de nulidad y apelaciones, así como solicitudes al Defensor del Pueblo y una comunicación al Presidente del Tribunal Constitucional, el 24 de julio de 2003 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima declaró fundado un segundo recurso de amparo ejercido por el señor Cuadra y ordenó al Banco de la Nación expedir una resolución incorporando al señor Cuadra al régimen del Decreto Ley No. 20530, abonando las sumas devengadas. El 26 de septiembre de 2003, el señor Cuadra interpuso un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia previamente referida, sobre el extremo que reducía el pago en cuando a las pensiones devengadas antes del plazo de 3 años contabilizados desde la interposición de la demanda. Sin embargo, debido a su estado de salud y la necesidad de pronta ejecución de fallo, el 10 de diciembre de 2003, desistió de dicho recurso. Pese a lo anterior, durante los años siguientes persistió la controversia sobre la manera en que debía darse cumplimiento a la ejecución de la sentencia del 24 de julio de 2003, en el sentido de determinar los conceptos que le corresponderían, lo que ha implicado que incluso en una ocasión, el Banco de la Nación emitiera una resolución que establecía montos que el señor Cuadra debía reembolsar por pagos improcedentes. En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 75/21, la Comisión analizó los siguientes aspectos: (i) el derecho a la tutela judicial efectiva en materia de ejecución de sentencias; (ii) la garantía de plazo razonable; (iii) el derecho a la seguridad social y a la integridad personal; y (iv) el derecho a la propiedad. En primer lugar, la CIDH reiteró que el incumplimiento de sentencias por parte del Estado peruano en contra de entidades estatales hace parte de un contexto general, refiriéndose en particular a los pronunciamientos de la Corte Interamericana en casos peruanos referidos a la nivelación de las pensiones de ex-trabajadores públicos conforme al Decreto Ley 20530 en la década de 1990. Asimismo, la Comisión consideró que el caso del señor Cuadra es un ejemplo más de esta problemática estructural agravada por una práctica conforme a la cual las autoridades judiciales a cargo de la ejecución de dichas sentencias no implementan mecanismos coercitivos para asegurar el cumplimiento y, con ello, la materialización del derecho a la tutela judicial efectiva. La Comisión destacó que, a pesar de estar en conocimiento de esta problemática, el Estado no ha adoptado las medidas generales necesarias para remediarla y evitar su repetición. Asimismo, la Comisión señaló que las autoridades tenían el deber de cumplir con el pago de la pensión ordenado judicialmente, de manera inmediata, y con especial diligencia y celeridad, al tratarse de un derecho de carácter alimentario y sustitutivo del salario. La Comisión observó que entre 1994 y 2003 se rechazaron de manera persistente las acciones interpuestas por el señor Cuadra en las diversas instancias, y que desde julio de 2003, una vez que fuera reconocido su derecho pensional, y en el marco de diversas resoluciones con diferentes posturas sobre cómo debía componerse su pensión, el Banco dilató la expedición de resoluciones administrativas ordenadas por las autoridades judiciales. La Comisión también observó que los tribunales internos difirieron de manera sustancial el asunto de como debe componerse la pensión del señor Cuadra, lo cual ha implicado en sí mismo un obstáculo para obtener el cumplimiento efectivo y oportuno de la sentencia. En este sentido, la Comisión determinó que el Estado es responsable por la violación del derecho a la tutela judicial efectiva en la ejecución de sentencias. En relación con el plazo, la Comisión observó que pasaron diecisiete años sin que se ejecutara la sentencia de julio de 2003. Asimismo, que el procedimiento impulsado por el señor Cuadra inició en octubre de 1993 con el recurso de reconsideración ejercido ante el Banco de la Nación frente a la resolución que le excluía del régimen del Decreto Ley 20530, cuestión que judicializó desde julio de 1994, por lo cual, a la fecha de adopción del informe, transcurrieron veintiséis años sin que se encontrara concluido el proceso. Debido a esto, la Comisión determinó que el Estado es responsable por la violación del derecho a un plazo razonable. Respecto al derecho a la seguridad social, la Comisión observó que a pesar de los diversos procesos seguidos a nivel interno, y a pesar de que el 24 de julio de 2003 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima 2 _____________________________________________________________________________________

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