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litiga casos ante el sistema interamericano de derechos humanos y también hace
trabajo de prevención en materia de sensibilización de opinión pública y
concientización de sectores y formas organizadas de la sociedad civil venezolana”.
b)
Luego de la sentencia del Caracazo emitida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, COFAVIC comenzó a recibir una serie de amenazas y actos de
hostigamiento que se han ido incrementando consecutivamente, especialmente luego
de los sucesos de abril de 2002 y en relación con su trabajo como litigante ante el
sistema interamericano, razón por la cual empezó a ser objeto de una campaña
sistemática de llamadas telefónicas, correos electrónicos y presencia de personas
que amenazaban contra la vida y la integridad de varios de sus miembros.
c)
En una ocasión, mientras desempeñaban labores relativas a su trabajo en el
Estado Falcón, el grupo de investigación de COFAVIC “fue abordado por unos ocho
funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón que intentaron
amedrentarles y hacerles desistir de la labor que estaban haciendo, que era recopilar
información y reunir a las víctimas de ejecuciones, de presuntos parapoliciales en
ese Estado […]”.
d)
Las actividades de COFAVIC se han visto afectadas por la violencia que se
vive cerca de la zona donde se encuentran ubicadas sus oficinas y por la falta de
garantías de seguridad. A los miembros de COFAVIC se les llama asesinos y son
ligados a grupos opositores para tratar de deslegitimar la labor que han
desarrollando en Venezuela por más de 14 años. En la adyacencia de la Alcaldía del
Municipio El Libertador, hay un afiche con una fotografía de Liliana Ortega con un
texto que reza: “reconócelos por traidores a la Patria, golpizas”.
e)
“[D]esde las medidas provisionales, no h[a] tenido ninguna reunión con el
Estado de Venezuela [en que] se haya podido concretar las medidas de protección
[…] solicitad[as]”. “[L]a protección policial [a COFAVIC] ha sido totalmente incierta,
[y] a pesar de que la Policía Metropolitana ha hecho sus mejores esfuerzos para
cumplir con la protección, […] el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y el
Ministerio de la Defensa permanentemente han obstaculizado la posibilidad de que
esa protección fuese regular y fuese realmente efectiva”.
f)
Han consignado ante la Fiscalía General de la República y ante el Ministerio
Público las “pruebas que reflejan estos actos de hostigamiento y amedrantamiento”.
Sin embargo, el “Ministerio Público mantiene a los fiscales comisionados”, quienes
“durante nueve meses no han adelantado de manera significativa las
investigaciones”. El 30 de enero de 2003 solicitaron al Fiscal General de la República
copia de los expedientes que cursan sobre los hechos de amedrantamiento y
hostigamiento contra COFAVIC y hasta la fecha no han obtenido ninguna respuesta a
esta comunicación.
g)
Han consignado “ante el Canciller de la República, una comunicación en la
que detalla[n] cuáles son las medidas que cree[n] podrían mejorar la situación de
seguridad de los integrantes de COFAVIC”, pidiendo que doten a los funcionarios de
la Policía Metropolitana el equipo adecuado para que ellos puedan desarrollar
efectivamente su labor; que se tomen una serie de medidas para proteger al resto
de los miembros de COFAVIC que están bajo las medidas provisionales; que se
realice una investigación efectiva y exhaustiva de estos hechos para evitar la
impunidad.
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