INFORME No. 12/20
CASO 12.949
INFORME DE FONDO
COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN Y SUS MIEMBROS
HONDURAS

I.

INTRODUCCIÓN

1. El 9 de junio de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión”, la
“Comisión Interamericana” o la “CIDH”) recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por la
Organización Fraternal Negra Hondureña (en adelante “la parte peticionaria” u “OFRANEH”), en favor de las
Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé, en la que se alegaba una situación de riesgo urgente debido a
amenazas contra varios de sus líderes, así como a la falta de protección de sus tierras ancestrales. La CIDH
decidió abrir de oficio la petición de la Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros según lo previsto en el
artículo 24 de su entonces Reglamento1.
2. La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 37/14 el 5 de junio de 20142. El 11 de julio de 2014
la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a disposición a fin de llegar a una solución amistosa
sin que se dieran las condiciones para resolver el caso mediante dicho procedimiento. Las partes contaron con
los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Toda la información
recibida fue debidamente trasladada entre las partes. Adicionalmente, la CIDH otorgó medidas cautelares
relacionadas con este caso3.
II. ALEGATOS DE LAS PARTES
A. Parte peticionaria
3. La parte peticionaria alega la responsabilidad internacional del Estado hondureño por la falta de
otorgamiento de un título de propiedad sobre la totalidad de las tierras ancestrales de la Comunidad; las
amenazas, hostigamientos y actos de violencia en contra de sus miembros por las reclamaciones realizadas; así
como por el asesinato de dos de sus miembros por parte de agentes estatales. Alega que el pueblo Garífuna
habita desde 1797 la costa atlántica hondureña y que mantiene su idioma, costumbres, cultura, y usos sobre
tierra comunal, y sus propias instituciones de organización social y política basadas en la tradición. Informa
que la Comunidad de San Juan ha ocupado históricamente un territorio aproximado de 1770 hectáreas.
4. En relación con el derecho a la propiedad colectiva, la parte peticionaria alega que el Estado no ha otorgado
un título de dominio pleno sobre la totalidad de las tierras ancestrales de la Comunidad. Ello a pesar de los
múltiples reclamos de la Comunidad. Sostiene que el Estado inicialmente se limitó a otorgar dos títulos de
ocupación: i) en 1979 sobre 46.40 manzanas; y ii) en 1984 sobre 72 hectáreas. Añade que la Municipalidad de
Tela amplió el caso urbano, incluyendo tierras reivindicadas de la Comunidad. Sostiene que debido a ello la
La CIDH notificó la decisión de apertura de la petición de oficio a la parte peticionaria y al Estado mediante nota del 7 de julio de 2006.
CIDH. Informe No. 37/17. Petición 674-06. Admisibilidad. Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros. Honduras. 5 de junio de
2014. La Comisión declaró admisible la petición en relación con los derechos establecidos en los artículos 5, 8, 16, 21 y 25 de la Convención
Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de la Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros.
Asimismo, la CIDH declaró admisible la petición en relación con el derecho establecido en el artículo 4 de la Convención Americana, en
relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Gino Eligio López y Epson Andrés Castillo; y de los derechos establecidos
en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de sus familiares.
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El 7 de julio de 2006 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la Comunidad Garífuna Triunfo de San Juan en Honduras. La Comisión
solicitó al Estado de Honduras la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los líderes de la
comunidad, especialmente de Jessica García, Wilfredo Guerrero y Ellis Marín; el derecho de propiedad sobre dichas tierras; y, evitar o
suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que pueda afectar los derechos que se desprenden de la propiedad
ancestral de la comunidad beneficiaria, hasta tanto los órganos del sistema interamericano adopten una decisión definitiva con respecto
al presente caso. La CIDH continúa dando seguimiento a la situación de los beneficiarios.
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