municipalidad realizó adjudicaciones a favor de terceros. La parte peticionaria informa que se realizaron ventas
de partes de su territorio a particulares y a empresas para proyectos turísticos.
5. Asimismo, señala que en julio de 2000 el Instituto Nacional Agrario (en adelante “INA”) otorgó a la
Comunidad un título definitivo de propiedad sobre predio rural de 62 hectáreas, lo cual no incluía todo el
territorio reivindicado. Añade que el Estado estableció el Parque Nacional Jeanette Kawas, que incluye parte
del territorio reivindicado, y que se le restringió el acceso. La parte peticionaria alega que toda esta situación
ha afectado las actividades esenciales para la subsistencia y la cultura de la Comunidad.
6. Respecto de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, la parte peticionaria alega que el
Estado no ha proporcionado recursos adecuados y efectivos que permitan reconocer la totalidad de las tierras
ancestrales reivindicadas por la Comunidad. Informa que el 18 de abril de 1997 ingresó a la Corporación
Hondureña de Desarrollo Forestal (en adelante “COHDEFOR”) el expediente de una solicitud de la Comunidad
para la titulación de 1770 hectáreas de su territorio, acreditando con prueba documental su ocupación
ancestral. Indica que dicho expediente fue enviado tanto a COHDEFOR, como a la Fundación para la Protección
de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (en adelante “Fundación PROLANSATE”) y la Municipalidad de Tela, para
que realizaran los estudios correspondientes. Afirma que, con posterioridad, ese mismo año, el expediente fue
extraviado.
7. Sostiene que la desaparición del expediente fue denunciada en dos ocasiones: en agosto de 1997 y enero
de 2004 ante la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio Público (en adelante “DGIC”). Añade
que la Comunidad envió comunicaciones públicas a las instituciones involucradas exigiendo la entrega del
expediente. Afirma que, a pesar de ello, no se realizaron mayores diligencias y el expediente continúa
extraviado. Explica que ello ha supuesto mayores dificultades a los intentos de la Comunidad por defender sus
derechos sobre el territorio ocupado históricamente.
8. Sobre el artículo 2 de la Convención Americana, la parte peticionaria alega que no existe en la legislación
nacional una normativa específica aplicable a los pueblos indígenas. Añade que el sistema normativo interno
es “inadecuado para lograr la obtención de los derechos territoriales indígenas”, porque “no reconoce
expresamente la existencia de derechos colectivos y contiene solo unas normas fragmentaria[s] con respecto
a los pueblos étnicos”.
9. En relación con el derecho a la integridad personal, la parte peticionaria alega que miembros de la
Comunidad, incluyendo líderes de la misma, sufrieron amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte
de agentes estatales, por la reivindicación de sus territorios ancestrales. Dentro de tales hechos resaltan
detenciones ilegales y arbitrarias, amenazas de muerte y disparos en su contra. La parte peticionaria explica
que la Comunidad presentó numerosas denuncias ante la Fiscalía de Etnias, sin que se realicen diligencias para
identificar y sancionar a las personas responsables.
10. Respecto del derecho a la vida, la parte peticionaria alega que en febrero de 2006 Gino Eligio López y Epson
Andrés Castillo, miembros de la Comunidad, estaban ingresando a su domicilio cuando fueron interceptados
por un Sub-Teniente y dos agentes del Ejército hondureño. Manifiestan que el Sub-Teniente ordenó a los dos
agentes que dispararan a los señores López y Castillo, quienes fallecieron en el momento. La parte peticionaria
explica que esto se dio como un acto para debilitar las reclamaciones de la Comunidad a un proyecto turístico
dentro del territorio reivindicado. La parte peticionaria informa que dichos hechos fueron denunciados y que
en el marco del proceso penal se condenó por el delito de asesinato a los dos soldados. Explica que no obstante,
se absolvió al Sub-Teniente por lo que existe una situación de impunidad.
B. Estado
11. El Estado de Honduras sostiene que no es responsable internacionalmente por los hechos denunciados.
Indica que en virtud de una solicitud presentada por la Comunidad, en julio del año 2000 el INA cumplió con
otorgar un título de propiedad en dominio pleno a su favor sobre el área determinada en el procedimiento
administrativo respectivo. Explica que dicho procedimiento cumplió con todos los requerimientos legales.
Añade que la representación legal de la Comunidad no impugnó dicha titulación a través de los recursos
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