En tercer lugar, la Comisión declaró que el Estado violó el principio de legalidad contemplado en
el artículo 9 de la Convención Americana por la excesiva amplitud de la causal disciplinaria aplicada a la
víctima del caso, la cual sancionaba atacar “en cualquier forma” la conducta de jueces o magistrados, la
cual, afectó la previsibilidad de las conductas reprochables y posibilitó que las autoridades disciplinarias
contaran con un margen de discrecionalidad para la calificación de lo que constituye un ataque.
Finalmente, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y
expresión por imponer una sanción arbitraria al ejercicio de la libertad de expresión, mediante la
imposición de una responsabilidad ulterior que incumplió los requisitos establecidos en el artículo 13.2
de la Convención Americana. La CIDH determinó que la causal disciplinaria no cumplió con el principio de
legalidad por las razones indicadas. Además, indicó que la finalidad perseguida de “respeto jerárquico” no
es uno de los fines consagrados en el artículo 13.2 de la Convención. También estimó que no existía
relación de medio a fin entre la restricción aplicada a un trabajo académico y la finalidad invocada y resaltó
que las opiniones vertidas en el trabajo académico son de interés público y deben protegerse con mayor
rigor en la medida en que contribuyen al debate sobre la forma en la que el Poder Judicial puede
responder a denuncias de graves violaciones de derechos humanos.
El Estado chileno depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos el 21 de agosto de 1990 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana en la misma fecha.
La Comisión ha designado al Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão, y al Relator Especial para la Libertad de Expresión Edison Lanza como sus delegados. Asimismo,
Silvia Serrano Guzmán y Christian González Chacón actuarán como asesores legales de la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del informe 21/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la
totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del informe 21/18 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Chile
mediante comunicación de 5 de abril 2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el
cumplimiento de las recomendaciones. La CIDH otorgó en este caso cuatro prórrogas al Estado, durante
las cuales presentó escritos manifestando su voluntad de cumplir con las recomendaciones. Sin embargo,
no demostró avances significativos para el cumplimiento de todas las recomendaciones, particularmente
la relativa a la reparación en favor de la víctima.
En virtud de lo anterior, la Comisión decidió enviar el caso a la Corte Interamericana ante la
necesidad de obtención de justicia y reparación para la víctima. La Comisión Interamericana somete a la
jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el
Informe de Fondo Nº 21/18.

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