llevado a cabo en el fuero penal”, agregando que ello configura “un cambio en la posición previamente asumida que no es admisible en virtud del principio de estoppel” 41. Sobre dicha afirmación, se debe tener presente, sin embargo, que en la propia Sentencia se expresa que el mencionado reconocimiento “refiere únicamente a la vulneración del plazo razonable en el proceso judicial llevado a cabo en el fuero penal” 42, es decir, constata que aquél no tuvo relación alguna con el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención, consistente en “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”, sino exclusivamente con la inaplicabilidad de esa exigencia cuando, de acuerdo a lo señalado en el artículo 46.2.c) de la Convención, “haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos”. De modo, en consecuencia, que no se divisa justificación alguna por la que hizo extensivo el señalado reconocimiento a lo requerido expresamente en la petición respecto de lo estipulado en el citado artículo 46.1.a). Asimismo, debe considerarse que el citado pronunciamiento por parte del Estado se hizo, primeramente, “en el Informe N° 535-2011-JUS/PPES”, en que “reconoció responsabilidad por exceso de plazo en la tramitación del proceso penal” e indicó que “la demora en la tramitación del Juicio Oral no se debe en lo absoluto a un ánimo de denegación de justicia, sino a situaciones de organización de Poder Judicial y a la normativa procesal penal todavía vigente en el Distrito Judicial de Lima”. Posteriormente en la Contestación de la Demanda y Observaciones al Escrito de Solicitudes de Argumentos y Pruebas y Petitorio del Estado Peruano, de fecha 17 de agosto de 2012, éste solicitó que se atendieran “a las consideraciones expresadas en (aquél texto), las cuales dan cuenta de las razones objetivas que explican la demora en la tramitación del citado proceso penal” 43. Pues bien, dichas afirmaciones no configuran en rigor, a pesar de los términos que emplea, un reconocimiento propiamente tal o, al menos, en el sentido considerado en el artículo 62 del Reglamento de la Corte 44, puesto que se formularon por el Estado como respuesta a los cargos que la Comisión le atribuía, entre los que se encontraba el que no había dado cumplimiento a lo dispuesto en el aludido artículo 46.2, sin que ello significara que se desistía de su posición en cuanto a que no se habían agotado los recursos internos previamente a la presentación de la petición. Por ello, sostener que todo lo que expresara el Estado luego de que su excepción fuese desestimada por la Comisión lo comprometería, implicaría que no podría defenderse ante esta última y más aún, que no podría hacer valer posteriormente dicha excepción ante la Corte, lo que no resultaría lógico. Es decir, resulta ilógico que la Sentencia desestime la 41 Párr. 53 de la Sentencia. 42 Párrs. 24 y 53 de la Sentencia. 43 Párr. 19 de la Sentencia. 44 “Si el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a las pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.” 17