se inclinaría en favor del Estado”, y e) aunado a lo indicado, el objeto del peritaje se centra en la prescripción penal, concepto que “va dirigido a atacar la posición de las víctimas y a tratar de reforzar la […] tesis del Estado”. Para el efecto, acompañó la documentación que consideró pertinente. 7. El perito propuesto, al presentar sus observaciones respecto de la recusación promovida, indicó que de su hoja de vida se desprende que entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 desempeñó funciones de asesoría en el ámbito dogmático penal en la Fiscalía General del Estado, “sin que se determinase algún tipo de función de representación o cargo directivo dentro de dicha institución”. En cuanto al viaje que realizó a la ciudad de Buenos Aires, señaló que brindó “una labor [de] conti[n]gencia técnico-dogmática dentro [de] las mesas de discusión sobre temas penales generales”. Refirió que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo que “nada tiene que ver” con la Procuraduría General, y que “no t[iene] ni h[a] tenido vínculos estrechos ni relación de subordinación funcional” con la parte que lo propuso como perito, sin que haya participado en el caso de referencia ni exista interés alguno que pueda afectar su objetividad. Agregó que la Corte Interamericana ha indicado que el hecho de que quien sea propuesto como perito ejerza alguna función pública no afecta su deber de objetividad e imparcialidad. Solicitó que la recusación sea rechazada. 8. Al respecto, la Presidencia recuerda que el artículo 48.1.c del Reglamento, invocado por el representante como fundamento de la recusación promovida, exige demostrar un vínculo determinado del perito o la perita con la parte proponente y que, adicionalmente, esa relación, a criterio del Tribunal, afecte su imparcialidad. En tal sentido, como ha sido indicado en anteriores oportunidades, la mera circunstancia de que un perito haya ocupado u ocupe un cargo público, no constituye per se una causal de impedimento, sino que es menester demostrar que dicho vínculo o relación, “a juicio de la Corte”, pueda “afectar su imparcialidad” o que la persona tenga un interés directo que pueda “afectar su imparcialidad” al emitir una opinión técnica en el caso5. 9. De esa cuenta, la mera existencia de que, en el pasado, el perito propuesto haya prestado asesoría a la Fiscalía General del Estado no es argumento suficiente para que proceda la causal de recusación invocada por el representante. Es además necesario demostrar, con argumentos fundados, que tal vínculo afecta su imparcialidad o que el experto podría tener un interés directo en el asunto que haría dudar de la objetividad de su declaración, lo que no fue acreditado por el representante en relación con el perito recusado. Cabe agregar a lo anterior que el objeto del peritaje, congruente con la estrategia de litigio de la parte que lo propuso, no determina ni afecta prima facie la imparcialidad y objetividad del perito propuesto. En todo caso, la Presidencia reitera que corresponderá al Tribunal valorar oportunamente la declaración que se rinda, con sujeción a las reglas de la sana crítica y en el contexto del acervo probatorio del caso 10. En consecuencia, la recusación promovida deviene improcedente, por lo que la Presidencia admite el referido peritaje. El objeto y la modalidad de dicha declaración se determinan en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 1). B) Sobre la procedencia de convocar a una de las presuntas víctimas para que rinda su declaración Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de marzo de 2009, Considerando 88, y Caso Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) Vs. Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de mayo de 2022, Considerando 4. 5 3

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