los derechos consagrados en el artículo 1.2 de la Convención no estuviere
garantizado19 y en segundo, providencias en vista de lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas de la OEA que alude, aunque
ambas disposiciones difieren en que esta última condiciona el cumplimiento de lo que
establece a la disponibilidad de los correspondientes recursos.
14.
Considerando lo precedente, importa interrogarse, en consecuencia, respecto la
razón por la que se convino el artículo 26 y, por tanto, por qué no se abordaron los
derechos a que se remite de la misma forma en que se hizo en cuanto a los derechos
civiles y políticos. La respuesta sustentada en la buena fe no puede ser otra que la
Convención contempló que ambos tipos de derechos humanos, si bien están
estrechamente vinculados entre sí en razón del ideal al que se aspira, cual es, según
su Preámbulo, el de crear las condiciones que permitan su “goce” 20, son distintos y
particularmente, de desigual desarrollo en el ámbito del Derecho Internacional Público,
por lo que deben tener un tratamiento diferenciado, que es precisamente lo que
aquella hace en vista de lo que también indica su Preámbulo21.
15.
La buena fe conduce, en consecuencia, a estimar al artículo 26 en su propio
mérito, lo que implica que debe ser interpretado, no como reconociendo derechos que
no enumera ni desarrolla, sino como remitiendo, para conocerlos, a normas distintas a
las de la Convención, como son las de la Carta de la OEA y que, por ende, su efecto
útil propio o particular, es, se reitera, que los Estados Partes de la Convención adopten
providencias para hacer progresivamente efectivos los derechos que se derivan de
aquellas normas y todo ello según los recursos disponibles.
16.
Como una acotación adicional, resulta imperioso expresar que es sorprendente
que la Sentencia no se haya referido más extensamente, en parte alguna, a la buena
fe como elemento tan esencial como los otros que contempla el art.31.1 de la
Convención de Viena para la interpretación de los tratados, todos los cuales deben ser
empleados simultánea y armoniosamente, sin privilegiar o desmerecer a uno u otro. En
el mismo sentido, es también insólito que no suministre ninguna explicación acerca de
la inclusión del artículo 26 en un capítulo separado de los derechos políticos y civiles y,
en particular, de cuál sería su razón de ser y su efecto útil. La Sentencia no da
respuesta alguna en lo que dice relación al motivo o razón de la existencia del artículo
26 en tanto norma diferente a las previstas en cuanto a los derechos civiles y políticos
17.
En suma, entonces y al amparo del principio de buena fe, procede subrayar que
de la circunstancia de que en el Preámbulo de la Convención se afirme que la persona
debe gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus
derechos civiles y políticos, no se colige que el efecto útil del artículo 26 sea que la
19
Art. 2: “Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos y libertades.”
20
Párr. 4°: “Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede
realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus
derechos civiles y políticos.”
21
5° Considerando: ¨…la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la
incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos,
sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara
la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia¨.
5
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