La Comisión consideró que las diligencias y la investigación se centraron en el supuesto estado de
embriaguez e intoxicación del señor Acosta, más no en determinar la legalidad de su detención. Las
autoridades judiciales que conocieron los recursos respectivos tampoco ofrecieron una respuesta efectiva,
pues no sólo continuaron con la omisión estatal de exigir razones objetivas, para el ejercicio de la facultad
legal de detener a personas con base en una supuesta denuncia, sino que validaron como legítimas las
insuficientes razones dadas por los funcionarios policiales. Asimismo, no se proporcionó información a la
Comisión respecto a diligencias específicas que se hubieran seguido para investigar el grado de
responsabilidad penal y/o administrativa de los agentes policiales que optaron por llevarlo a la Comisaría y
no a un centro médico si es que realmente se encontraba en el grado de intoxicación descrito. Así, la
Comisión concluyó que el Estado de Argentina no proveyó a los familiares de José Delfín Acosta Martínez,
de un recurso adecuado y efectivo para el esclarecimiento de la legalidad de su detención y de los motivos
de su muerte y tampoco prestó medios de protección ni llevó adelante investigación respecto a las
declaraciones de su hermano y de otro testigo, en las que denunciaron amenazas e intimidaciones. En
consecuencia, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las
garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de los familiares de José Delfín Acosta Martínez.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana el 5 de septiembre de 1984.
La Comisión ha designado al Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva y al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão, como sus Delegados. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán y Paulina Corominas Etchegaray, abogadas
de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como Asesoras Legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe de Fondo N° 146/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como
copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en
la elaboración del informe N° 146/18 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado mediante
comunicación de 18 de enero de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el
cumplimiento de las recomendaciones.
El 21 de marzo de 2019, la Comisión otorgó al Estado una prórroga para presentar su informe de
cumplimiento de las recomendaciones y el 3 de abril de 2019 se sostuvo una reunión de trabajo entre las
partes, con presencia del Relator de país, Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva. En dicha reunión, el Estado
presentó a la parte peticionaria una propuesta para el cumplimiento de las recomendaciones; sin embargo,
la parte peticionaria la consideró insuficiente y solicitó a la Comisión que enviara el caso a la Honorable
Corte. A la fecha, el Estado no ha presentado a la Comisión un informe de cumplimiento ni ha solicitado la
suspensión del plazo previsto en el artículo 51.1 de la Convención Americana, con la correspondiente
renuncia a interponer excepciones preliminares respecto del cumplimiento de dicho plazo en los términos
requeridos por el Reglamento de la CIDH. En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana somete a la
jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe
de Fondo N° 146/18, por la necesidad de obtención de justicia y reparación.

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