III.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

Posición de los peticionarios

7.
Los peticionarios alegan que Rufino Jorge Almeida y su esposa habrían sido detenidos
ilegalmente el 5 de junio de 1978, por integrantes de las fuerzas de seguridad leales a la dictadura militar
establecida en 1976, quienes los habrían trasladado al campo de detención denominado “El Banco” donde
habrían sido detenidos y torturados por 54 días.

8.
Alegan que al ser liberados por parte de las Fuerzas Armadas, Rufino Almeida fue entregado
en custodia a su padre como “garante” de que su hijo cumpliría las condiciones impuestas por los
secuestradores. Alegan que la presunta víctima permaneció bajo un régimen de control similar al de la libertad
vigilada que le obligaba a recibir visitas inesperadas de personal militar o policial en su domicilio; tolerar
insultos y amenazas si se relacionaban con políticos o personas dedicadas a la defensa de los derechos
humanos; reportarse periódicamente a números telefónicos de la policía federal; entregar fotografías;
contestar interrogatorios; etc.; situación que se habría extendido hasta el 30 de abril de 1983. Sostienen que
dicha medida no estuvo justificada en resolución judicial.

9.
Alegan que en 1995 la presunta víctima habría demandado al Estado el pago de una
indemnización por el tiempo que él permaneció detenido y bajo el régimen de libertad vigilada, de acuerdo a
la Ley No. 24.043. Sostienen que en respuesta la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
en 1996 emitió su resolución administrativa reconociendo la indemnización por los 54 días de detención.
Alegan que sin embargo, se le habría negado la indemnización correspondiente a los 4 años 10 meses que
estuvieron en libertad vigilada.

10.
En 1996 el señor Almeida habría planteado un recurso de apelación ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante “CNACAF”), la cual en 1999 habría
ratificado la decisión anterior, al considerar que la presunta víctima no estaba comprendida en los supuestos
necesarios para el reconocimiento del derecho a indemnización, durante el periodo de libertad vigilada, que
habría exigido una declaratoria de atenuación del arresto efectivo mediante Decreto de la Presidencia de la
Nación. En dicha decisión se habría establecido que
En los términos de la ley 24043 el acto que dispuso la libertad de la accionante debe ser entendido como
el “acto con carácter particular” a que se refiere su artículo 4, debiendo señalarse que no es posible por
vía de interpretación extender la indemnización tasada establecida en el régimen de dicha ley a
supuestos distintos a los establecidos por ella.

11.
Indica que, el 7 de julio de 1999, el señor Almeida presentó un recurso de queja ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “CSJN”), el cual fue denegado in limine el 2 de diciembre de 1999,
y notificado el 28 de diciembre de 1999; con lo cual se agotaron los recursos internos.

12.
En respuesta al alegato del Estado respecto de la falta de agotamiento de la acción por daños
y perjuicios (ver infra III B) señalan que una vez recuperada la democracia en 1983, el Estado no adoptó
inmediatamente ninguna normativa tendiente a la reparación de los crímenes ocurridos durante la dictadura
militar. Alegan que Rufino Almeida se acogió, de buena fe, al procedimiento de la Ley N° 24.043, vigente desde
el 2 de enero de 1992, con el anhelo de ser reparado; con lo cual renunció a cualquier otro tipo de reclamo
contra el Estado, tal como lo establecía dicha ley.

13.
Los peticionarios alegan que la aplicación de la Ley No. 24.043 y sus posteriores reformas,
resultan violatorias, en su caso particular, al no contemplar reparación para personas que fueron sometidas a
libertad vigilada, sin que se hubiera declarado la atenuación de su arresto efectivo mediante Decreto de la
Presidencia de la Nación. Alegan que esto les privó de la indemnización por 1,795 días de control policial y
militar.
2

Select target paragraph3