En circunstancias del contexto, regional e internacional, donde la academia, la justicia, así
como actores sociales y políticos, estan encendiendo sus preocupaciones frente a eventuales
y no aisladas prácticas de injerencia en la dinámica del debate democrático, bajo modalidades
en apariencia revestidas de legalidad, es imprescindible que volvamos a reafirmar algunas de
las fuentes originarias que alimentan y sostienen un estado republicano: el derecho a disentir,
a la diversidad de opiniones y credos y a la participación política en el marco de un régimen
de democracia electoral representativa. Principios, valores y reglas que al asumirlos ya
incorporados en la praxis institucional, hemos dado por sentado su cómoda existencia, sin
percatarnos que lenta, pero sistemáticamente, se van diluyendo, al calor de prácticas, sea de
carácter violeto o explícito, o, por el uso, cada vez menos soterrado, de actuaciones
formalizadas en marcos institucionales, que de no ser oportunamente identificadas y
contenidas jurídicamente, podrían favorecer a un progresivo e irreparabe deterioro de los
principios fundacionales del sistema interamericano y su orden público, poniéndo en serio
entredicho el modelo republicano de derecho.
III. Razones para la disidencia
En este punto, es menester cuestionarse si es posible superar la rigidez del análisis procesal
constreñido a los hechos y pruebas actuadas y reconocidas en el Informe de Fondo de la
Comisión, para considerarlas como concluyentes y por tanto excluyentes. En ese sentido, lo
primero que hay que recordar es que el artículo 58 del Reglamento de la Corte faculta al
Tribunal a que “en cualquier estado de la causa”, procure “de oficio toda prueba que considere
útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o por
otro título, a cualquier persona cuya declaración, testimonio, u opinión estime pertinente”. De
este artículo se desprende con claridad que, como juzgadores, estamos facultados a mirar
distintos elementos que nos permitan obtener información verificable para lograr una justa
decisión. De hecho, la Corte ha llevado a cabo esta práctica en diversas ocasiones, cuando
realiza investigaciones propias o convoca declarantes de oficio para tener una mejor
apreciación de los elementos de prueba aún cuando estos no hayan sido aportados por las
partes o por la Comisión 1.
En este caso, era necesario hacer uso de las facultades que el propio reglamento reconoce y
acudir a otros medios de evaluación y ponderación para así poder recabar elementos, hechos
y pruebas que permitieran descartar o aceptar los alegatos de los representantes respecto de
su afirmación que la pluralidad de procesos disciplinarios abiertos, contra el señor Petro, no
constituían meras actuaciones aisladas de la Procuraduría y otros órganos de control dentro
del sistema jurídico colombiano, sino que eran parte de un contexto más amplio. En ese
sentido, es pertinente reflexionar sobre la veracidad, o no, de lo señalado por los
representantes durante el proceso respecto que en este caso del señor Petro se puede
evidenciar que “las personas con ideologías políticas distintas y con una perspectiva de
cambio social han sido silenciadas de diferentes maneras, incluso imponiendo desde la
institucionalidad obstáculos que resultan afectando en medidas desproporcionadas su
activismo político y social” 2.

Veáse, por ejemplo, Caso Véliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párr. 53, y Caso Suárez Peralta Vs.
Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No.
261, párr. 37.
1

2

164)

Cfr. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de 2 de noviembre de 2018 (expediente de fondo, folio

2

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