_____________________________________________________________________________________ Durante el operativo, el señor Pérez, grabó diversos videos. En uno de los videos explicó que las autoridades estatales llegaron al domicilio donde se encontraban y que estaban en negociaciones para llegar a una solución pacífica. En videos posteriores, el señor Pérez aparece ensangrentado, indicando que las autoridades les estaban disparando y que le dijeron que los iban a matar, a pesar de sus intentos de rendirse. En otro video se observa al señor Pérez pidiendo a los agentes que no disparen. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo. El certificado de acta de defunción del señor Pérez señaló como causa de muerte un “traumatismo craneoencefálico severo herida por arma de fuego disparado a la cabeza”. También consta el certificado de acta de defunción de Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, donde se indica que la causa de muerte es “hemorragia subdural fractura de cráneo por herida de arma de fuego a la cabeza”. Las fotos de los cadáveres del señor Pérez y otras víctimas fueron publicadas en el diario “El Mundo”, en el cual se afirmó que las fotos evidencian heridas en el cráneo y demuestran que las víctimas habían sido ejecutadas por ‘tiros de gracia’ disparados a la cabeza. El Estado no permitió a los familiares de las víctimas la realización de un funeral conforme a sus costumbres y únicamente se les permitió un entierro controlado sin poder velar los cuerpos, elegir el lugar de sepelio ni ponerles vestimenta. El 16 de enero de 2018 el entonces Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz participó de una conferencia de prensa en la cual afirmó que en la “Operación Gedeón” se había desmantelado a un grupo terrorista tras un enfrentamiento armado en una vivienda ubicada en una zona conocida como El Junquito. Indicó que se intentó negociar una solución pacífica, pero que las víctimas iniciaron un fuerte enfrentamiento armado lo que resultó en la muerte de dos agentes estatales y lesiones a otros ocho agentes. El Ministro explicó que se respetaron los principios de uso progresivo de la fuerza y se procedió de acuerdo con protocolos establecidos internacionalmente para neutralizar el grupo agresor, lo que resultó “en el lamentable saldo de siete terroristas fallecidos”. El mismo día el Presidente Nicolás Maduro, declaró públicamente “a 17 días de dar la orden, orden cumplida. Mi reconocimiento al comandante estratégico operacional, al ministro Reverol, a las fuerzas especiales de la Guardia, de la Armada, del Ejército, de la Policía Nacional Bolivariana”. Posteriormente a estos hechos, los familiares sufrieron intentos de allanamientos, amenazas, hostigamientos e intimidaciones por parte de agentes estatales debido a su vínculo familiar con las víctimas y la estigmatización que las autoridades tenían en su contra. Adicionalmente, la Comisión no contó con información que acredite la apertura de una investigación, lo cual fue documentado también por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 272/22, la Comisión consideró que el uso de la fuerza letal fue incompatible con las obligaciones internacionales del Estado. En primer lugar, la Comisión determinó que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad dado que el Estado no presentó ninguna documentación que acredite que hubo algún tipo de resistencia con armas de fuego por parte de las víctimas ni que hubiese existido riesgo de fuga. En segundo lugar, la Comisión consideró que el Estado no adoptó medidas menos lesivas que el uso de la fuerza letal. En particular, notó que los agentes estatales realizaron múltiples disparos, durante periodos prolongados del tiempo, mientras las víctimas ya habían anunciado su rendición, así como que el Estado desplegó un operativo con aproximadamente 500 agentes, incluyendo fuerzas militares, equipados con armamiento de guerra para reducir a un grupo de siete personas que se encontraban en un domicilio. Asimismo, la Comisión observó que las siete víctimas fallecieron como consecuencia de un disparo en la cabeza y que, tal y como lo indica la parte peticionaria, no se evidencia la existencia de un enfrentamiento armado, sino que por el contrario, las víctimas habrían sido retenidas con vida y posteriormente, habrían recibido un disparo en la cabeza. La Comisión también tomó nota de declaraciones realizadas por agentes estatales sobre lo sucedido. 2

Select target paragraph3