2

9.
El escrito de 29 de diciembre de 2008, mediante el cual el señor Gustavo
Cesti Hurtado presentó sus observaciones al informe remitido por el Estado (supra
Visto 7).
10.
El escrito de 20 de enero de 2009, mediante el cual la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión
Interamericana”) presentó sus observaciones al informe remitido por el Estado
(supra Visto 7).
11.
La nota de 25 de mayo de 2009 y sus anexos, remitidos por la Corte
Suprema de Justicia del Perú, mediante los cuales presentó “las resoluciones 43,
46 y 51 […] sobre la ejecución del Laudo Arbitral”, en el proceso seguido por
Gustavo Cesti Hurtado en contra del Ministerio de Justicia del Perú ante el
Trigésimo Séptimo Juzgado Civil de Lima, en relación con el cumplimiento de la
Sentencia de reparaciones dictada en el presente caso.
CONSIDERANDO:
1.
Que es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el
supervisar el cumplimiento de sus decisiones.
2.
Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la
Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas
deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.
3.
Que el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados
Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo
caso en que sean partes”. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes
vinculan a todos los poderes o funciones del Estado1.
4.
Que en aras de cumplir el mandato de supervisar el cumplimiento del
compromiso contraído por los Estados Partes según el artículo 68.1 de la
Convención, la Corte primero debe conocer el grado de acatamiento de sus
decisiones. Para ello, el Tribunal debe supervisar que los Estados responsables
efectivamente cumplan las reparaciones ordenadas en su sentencia2.
5.
Que los Estados Partes en la Convención que han reconocido la jurisdicción
obligatoria de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el
Tribunal. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre
las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en
dichas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar a la
1
Cfr. Caso Baena Ricardo y Otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de
2003, Serie C No. 104, párr. 131; Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Supervisión de Cumplimiento de
Sentencia. Resolución de la Presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de agosto
de 2009, Considerando tercero, y Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento
de Sentencia. Resolución de la Presidenta de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de
agosto de 2009, Considerando cuarto.
2
Cfr. Caso Baena Ricardo y otros, supra nota 1, párr. 101; Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, supra
nota 1, Considerando cuarto, y Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, supra nota 1, Considerando
quinto.

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