esta Presidencia considera conveniente recabarlas, a efectos de que el Tribunal pueda
apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo
probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, la Presidenta
admite la declaración de las presuntas víctimas Ángel Acosta Martínez y Blanca Rosa
Martínez, de los testigos Bárbara Mac Guire, Andrés Alberto Fresco, Verónica Andrea
Brotzman, Lucía D. Molina, Mary Sandra Chagas Techera, Fernando Ramírez Abella y
Néstor Diego Martínez Gutiérrez y de los peritos Juan Pablo Gomara, Alejandro Frigerio
y Víctor Manuel Rodríguez Gonzáles según el objeto y modalidad determinados en la
parte resolutiva de esta decisión.
4.
A continuación, la Presidenta examinará en forma particular: a) la prueba pericial
ofrecida por la Comisión; b) la aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas ante
la Corte (en adelante, “el Fondo de Asistencia” o “el Fondo”).
A.

La prueba pericial ofrecida por la Comisión Interamericana

5.
La Comisión ofreció como prueba pericial los dictámenes del señor Juan Pablo
Gomara, para declarar sobre las obligaciones internacionales de los Estados en el marco
del otorgamiento de facultades de detención a cuerpos de seguridad, cuando no exista
orden de autoridad competente ni flagrancia. Al respecto, la Comisión consideró que los
peritajes ofrecidos podrán aportar elementos de análisis sobre aspectos de orden público
interamericano, en los términos del artículo 31.5 f) del Reglamento, refiriéndose a que
el presente caso permitiría a la Corte “profundizar su jurisprudencia sobre los requisitos
y condiciones en las cuales las personas pueden ser detenidas por agentes policiales
cuando no exista una orden judicial ni flagrancia”, así como ���el desarrollo de la
jurisprudencia interamericana en materia de derechos de las personas
afrodescendientes”. Específicamente, la Comisión señaló que la Corte podría analizar la
“privación de la libertad basada en perfil racial y podrá fortalecer su jurisprudencia
respecto a garantías procesales y sustantivas que deben revestir las detenciones, así
como respecto de la obligación del Estado de salvaguardar la integridad física y vida de
las personas que se encuentren bajo su custodia”.
6.

El Estado no presentó ninguna observación a la designación de este perito.

7.
La Presidenta recuerda que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1.f) del
Reglamento, la “eventual designación de peritos” podrá ser efectuada por la Comisión
Interamericana “cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano
de los derechos humanos”, cuyo fundamento y objeto tienen que ser adecuadamente
sustentados 2. El sentido de esta disposición hace de la designación de peritos por parte
de la Comisión un hecho excepcional, sujeto a ese requisito, que no se cumple por el
solo hecho de que la prueba que se procura producir tenga relación con una alegada
violación de derechos humanos 3.
Cfr. Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte de 23 de
diciembre de 2010, Considerando 9, y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia. Convocatoria de audiencia.
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de abril de 2017,
Considerando 10.
3
Cfr. Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte de 10 de
diciembre de 2015, Considerando 19, y Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia, supra, Considerando 10.
2

2

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