RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DE 10 DE FEBRERO DE 2020
CASO ACOSTA MARTÍNEZ VS. ARGENTINA
VISTO:
1.
El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la
Comisión”); el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante, el “escrito de
solicitudes y argumentos”) de los representantes de las presuntas víctimas (en adelante
“los representantes”); el escrito de contestación al sometimiento del caso y al escrito de
solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”) del Estado de Argentina
(en adelante “Argentina” o “el Estado”).
2.
Las listas definitivas de declarantes presentadas por los representantes y la
Comisión;
3.
La comunicación del 24 de enero de 2020 de la Comisión en donde indica que no
tiene observaciones a las listas definitivas de declarantes. Ni los representantes ni el
Estado presentaron observaciones a estas listas.
4.
La comunicación de 22 de enero de 2020 sobre el Fondo de Asistencia Legal de
Víctimas 1.
CONSIDERANDO QUE:
1.
El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas
víctimas, testigos y peritos se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c,
41.1.c, 46, 47, 48, 50, 52.3 y 57 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante, “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”).
2.
La Comisión ofreció como prueba una declaración pericial. Los representantes
ofrecieron las declaraciones de dos presuntas víctimas, siete testigos y dos peritajes. El
Estado no ofreció declarantes. La Corte garantizó a las partes el derecho de defensa
respecto de los ofrecimientos probatorios oportunamente realizados. No se presentaron
recusaciones ni objeciones a la prueba ofrecida.
3.

En cuanto a las declaraciones de presuntas víctimas, testigos y peritos ofrecidas,

1
Escrito que se encuentra en el folio 238 del expediente. Los representantes de las presuntas víctimas
en el presente caso son el señor Ángel Acosta Martínez, el Centro de Investigaciones Sociales y Asesorías
Legales Populares (CISALP) y la Asociación El Trapito.

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