El Estado de Ecuador ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. La Comisión ha designado a la Comisionada Antonia Urrejola Noguera como su delegada. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto Meza Flores y Erick Acuña Pereda, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesores legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Fondo No. 149/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 149/19 (Anexos). Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado el 2 de diciembre de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión en su informe. Tras el otorgamiento por parte de la CIDH de cinco prórrogas para que el Estado cumpla con dichas recomendaciones, el 20 de mayo de 2021 el Estado solicitó una sexta prórroga. Al momento de evaluar de manera integral el cumplimiento de las recomendaciones, la Comisión consideró que, a un año y medio desde la notificación del Informe de Fondo, no ha habido avances sustantivos en el cumplimiento de las mismas. En virtud de ello, y teniendo en cuenta la necesidad de justicia y reparación para las víctimas, la Comisión decidió enviar el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 4.1 (derecho a la vida); 5.1 (derecho a la integridad personal); 8.1 (garantías judiciales) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en sus artículos 1.1 y 2, en relación con Walter Gonzalo Huacón Baidal, Mercedes Eugenia Salazar Cuevas y familiares. En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de reparación: 1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo una justa compensación por el daño material e inmaterial, así como medidas de satisfacción debidamente concertadas con los familiares. 2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental, necesarias a los familiares de Walter Gonzalo Huacón Baidal y Mercedes Eugenia Salazar Cueva. Estas medidas deben implementarse en caso de ser voluntad de las víctimas y de manera concertada con ellas y sus representantes. 3. Realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe. Ello debe implicar i) que se desplieguen todos los esfuerzos necesarios para lograr la captura de José Carbo a fin de seguir con el proceso penal en su contra, el cual debe ser completado en el fuero ordinario y ii) que se investiguen todas las demás responsabilidades en la justicia penal ordinaria. 4. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) programas de capacitación permanente a agentes policiales, así como el establecimiento de protocolos sobre el uso de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal, conforme a los estándares establecidos en el informe; ii) medidas para asegurar la efectiva rendición de cuentas en el fuero penal, disciplinario o administrativo, en casos de presunto abuso de poder por parte de agentes del Estado a cargo de la seguridad pública en el marco de operativos policiales como el ocurrido en el presente caso; y iii) medidas para fortalecer la capacidad investigativa, con la debida diligencia y de conformidad con los estándares internacionales relevantes, sobre posibles 2

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