_____________________________________________________________________________________ Antes del hallazgo del cadáver, el sobrino del señor Zapata, Adrián Alberto, fue al Comando a indicar que tenía información de que su tío había sido asesinado y que conocía su paradero, solicitando que fueran a hacer el levantamiento del cadáver, ante lo cual la inspectora “[le] dijo que fuera y lo recogiera [él] que la fiscalía hacía el levantamiento por la mañana en el hospital”. Siguiendo dichas instrucciones, el sobrino del señor Zapata se dirigió al lugar de los hechos, recogió el cadáver de su tío y lo trasladó a dicho recinto. Consta en el expediente que el 4 de mayo de 2000 la Unidad Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito, recibió la notitia criminis, ordenó el desplazamiento de los funcionarios del despacho y ordenó iniciar la investigació n previa. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadá ver, la diligencia se realizó en la morgue del Hospital San Juan de Dios en Segovia, indicando que la orientació n y posició n del cadá ver eran arti�iciales. Asimismo, en el acta de levantamiento de cadá ver se detallaron las heridas disparadas con arma de fuego. Durante los años posteriores se realizaron una serie de diligencias investigativas sin que se obtuviese el juzgamiento de los responsables. Tras diversas solicitudes para la realizació n de nuevas diligencias y obtenció n de pruebas, el 19 de marzo de 2019 la Fiscalı́a 69 adscrita a la Unidad Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos emitió una resolució n de apertura de investigació n. En su Informe de Fondo No. 299/20, con respecto a la muerte del señor Zapata, la Comisión consideró que, si bien el expediente del caso no contiene informació n sobre su comportamiento desde que regresó a Segovia hasta el dı́a de su muerte que permita determinar si comunicó a las autoridades sobre su situació n de riesgo, con base a los está ndares sobre el deber de prevenció n, el contexto de Segovia y su calidad de defensor de derechos humanos, sumado a las medidas cautelares otorgadas en su favor, puede concluirse que el Estado debı́a saber que este se encontraban en un peligro real e inmediato y debı́a adoptar las medidas necesarias para su protecció n. Pese a ello, la Comisió n notó que la ú ltima comunicació n o�icial sobre la situació n de seguridad del señ or Zapata es del 12 de mayo de 1998, en vista de lo cual la Comisió n consideró que el Estado no acreditó tomar las medidas que razonablemente se esperaran para proteger a la vı́ctima respecto del riesgo que enfrentaba, lo que no es consistente con su obligació n de prevenir violaciones del derecho a la vida, por lo cual la Comisió n determinó la responsabilidad del Estado. Asimismo, la Comisión consideró que el señor Zapata fue víctima de hostigamiento judicial y que el repertorio de situaciones hostiles experimentadas por él en la década de los noventa hasta su retorno a Segovia en 1998, en el contexto colombiano de dicha época y específicamente en Segovia, estuvieron orientadas a obstaculizar su labor de defensa de derechos humanos afectando su pertenencia a sus organizaciones y el funcionamiento de las mismas, lo cual generó sufrimiento y miedo, provocando su desplazamiento forzado. En estos términos, la Comisión concluyó que el Estado vulneró los derechos a la integridad, la honra y dignidad, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de circulación. En relación con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, la Comisión estableció, en primer lugar, que el Estado no cumplió con su obligación de debida diligencia de aseguramiento de la escena criminal. Ello, dado que cuando su sobrino dio noticia del hecho criminal, las autoridades le dijeron que se encargara del levantar el cadáver de su tío. La Comisión señaló que este hecho resulta de suma gravedad, ya que la manipulación del cadáver contaminó la escena del crimen, impactando en cualquier evidencia que podría haber contribuido con la identificación de los perpetradores del crimen y sus conexiones. Por otra parte, encontró que no hubo una línea de investigación principal clara que buscara establecer que la muerte del señor Zapata estuvo relacionada con su labor de defensor de derechos humanos como hubiera correspondido en su calidad de tal. La Comisión observó asimismo con preocupación que uno de los testigos que culpó materialmente a varios paramilitares por la muerte del señor Zapata y estableció algunas conexiones con agentes de seguridad del Estado, murió en un atentado tiempo después de sentar su declaración. Por otra parte, la Comisión señaló que las varias investigaciones que incluyen falsos testimonios y un informe de inteligencia, utilizados para hostigar la labor de defensor de la víctima, no fueron incorporados a la investigación. Adicionalmente, la Comisión notó que la investigació n inició al dı́a siguiente de la muerte del señ or Zapata y se ha prolongado hasta la actualidad, siendo que la investigació n previa llevaba 19 añ os en estudio. En virtud de dichas consideraciones, la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, y que la investigación no se llevó a cabo en un plazo razonable. 2 _____________________________________________________________________________________

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