causal de impedimento 19, sino que es menester demostrar que dicho vínculo o relación, “a juicio de la Corte”, pueda “afectar su imparcialidad” (como expresamente dispone la norma reglamentaria) o que la persona tenga un interés directo que pueda “afectar su imparcialidad” al emitir una opinión técnica en el presente caso 20. Por consiguiente, la primera causal de recusación invocada deviene improcedente. 27. Ahora bien, en lo que concierne a la causal prevista en el artículo 48.1.f del Reglamento, la Presidenta recuerda que el Tribunal ha considerado que es pertinente evitar que se desempeñen como peritos quienes hayan participado en la causa con capacidad resolutiva, como jueces o fiscales que hubieran intervenido en el caso, o al menos en una capacidad jurídicamente relevante en la defensa de los derechos de cualquiera de las partes, como abogados defensores o asesores jurídicos; una participación en tal sentido afectaría su objetividad 21. 28. En tal sentido, la Presidenta constata, a partir de la documentación aportada por la representante al invocar la causal de recusación 22, que el señor Víctor García Toma, en su función de magistrado integrante de la Sala Primera del Tribunal Constitucional del Perú dictó la sentencia de 14 de noviembre de 2005, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el recurso de agravio constitucional interpuesto por el señor Julio Casa Nina, presunta víctima, como parte de las impugnaciones y acciones por él promovidas a nivel nacional, en el contexto de los hechos que dieron lugar al presente caso. Incluso, cabe indicar que la interposición de dicho recurso y su posterior desestimación por parte del Tribunal Constitucional conforman elementos contenidos en el marco fáctico del presente asunto. De esa cuenta, al haber intervenido en una instancia interna relacionada con la misma causa, concurre la causal de recusación invocada respecto del señor García Toma y, consecuentemente, deviene inadmisible el peritaje propuesto por el Estado. 29. A partir de lo anterior, no se estima necesario pronunciarse sobre la solicitud de la Comisión para formular preguntas al perito. E. Sobre el uso del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas 30. Mediante comunicaciones de 24 de febrero de 2020, la Secretaría, con instrucciones de la Presidencia, informó que era procedente la solicitud de la presunta víctima de acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte (supra Visto 4), de modo que, según se indicó en dicha oportunidad, se otorgaría el apoyo económico necesario, con cargo al Fondo, para solventar, entre otros, los gastos que ocasionaría la presentación de un máximo de dos declaraciones, ya sea en audiencia o ante fedatario público (affidávit). 19 Cfr. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de marzo de 2009, Considerando 88, y Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay, supra, Considerando 17. 20 Cfr. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de septiembre de 2010, Considerando 15, y Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay, supra, Considerando 17. Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Convocatoria a audiencia. Resolución de Reconsideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de agosto de 2010, Considerando 10, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de diciembre de 2017, Considerando 23. 21 22 Concordante con los documentos remitidos como anexos al Informe de Fondo (expediente de prueba, tomo I, anexo 9 al Informe de Fondo, folios 32 y 33). 8