Resolución de la Presidenta de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos

de 26 de noviembre de 2008

Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia

Vistos:
1.
La Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada el 31 de enero de 2006
(en adelante “la Sentencia”) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) notificada
íntegramente a la República de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”) el
27 de febrero de 2006, mediante la cual el Tribunal resolvió que:
7.
El Estado deb[ía] realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y
completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la
responsabilidad de todos los partícipes en la masacre, así como la de quienes hubiesen
sido responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de
garantizar los derechos violados, en los términos de los párrafos 265 a 268 y 287 de [la]
Sentencia
8.
El Estado deb[ía] adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los
derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se
otorguen todas las garantías judiciales, con el fin de evitar la repetición de hechos tan
graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello. El Estado debe informar a
la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos, en los
términos de los párrafos 269 y 287 de [la] Sentencia
9.
El Estado deb[ía] adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e
identificar a las víctimas desaparecidas, así como para entregar los restos mortales a sus
familiares y cubrir los gastos de entierro de aquéllos, en un plazo razonable. Para estos
efectos, deberá completar las acciones emprendidas para recuperar los restos de las
personas desaparecidas, así como cualesquiera otras que resulten necesarias, para lo
cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos posibles, tomando en cuenta
las normas internacionales pertinentes en la materia, en los términos de los párrafos 270
a 273 y 287 de [la] Sentencia
10.
El Estado deb[ía] garantizar que, independientemente de las acciones específicas
señaladas en el punto resolutivo anterior, las entidades oficiales correspondientes hagan
uso de dichas normas internacionales como parte de su instrumental para efectos de la
búsqueda e identificación de personas desaparecidas o privadas de la vida, en los
términos de los párrafos 270 y 271 de [la] Sentencia

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