8 de julio de 2020
REF.:

Caso Nº 12.380
Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo”
Colombia

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto
de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso No. 12.380 – Miembros de
la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo” - CAJAR respecto de la República de Colombia (en adelante “el
Estado”, “el Estado colombiano” o “Colombia”).
El presente caso se relaciona con hechos de violencia, intimidación, hostigamiento y amenazas en contra de los
miembros del CAJAR desde la década de 1990 y hasta la actualidad, vinculados a sus actividades de defensa de los derechos
humanos. La Comisión consideró que para el análisis del presente caso era necesario atender a la interrelación que tienen los
deberes de respeto y garantía para los derechos de las personas defensoras y resaltó el vínculo inescindible entre una
investigación adecuada y el deber de prevención en este tipo de casos.
En su informe de fondo, la Comisión destacó que los miembros del CAJAR han sido víctimas de múltiples eventos de
amenazas, hostigamientos y seguimientos en diversos lugares por parte de personas cuya identidad no se encuentra
acreditada, a fin de establecer si se trató o no de agentes estatales. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Estado realizó
labores arbitrarias de inteligencia que incluyó incluso la entrega de dicha información a paramilitares, así como
pronunciamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios en las cuales vinculaban a los miembros del CAJAR con la
guerrilla, la Comisión consideró que tales acciones contribuyeron activamente a la materialización de tales hechos de
violencia. Conforme fue establecido por la Comisión, esta situación constituye, no sólo un grave incumplimiento del deber de
protección, sino que se trató de acciones abiertamente contrarias a dicho deber, con las implicaciones necesarias en la
atribución de responsabilidad al Estado por los hechos de violencia, amenaza y hostigamiento contra el CAJAR.
Específicamente en relación con las actividades de inteligencia, la Comisión estableció que las labores del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a través de un grupo especial de inteligencia estratégica incluyeron
monitorear las actividades laborales de los miembros del CAJAR; interceptar sus llamadas de teléfonos fijos y celulares, y
correos electrónicos; y realizar fichas personales de cada integrante que incluyen datos personales. El Estado no satisfizo el
requisito de legalidad para la realización de las actividades de seguimiento y vigilancia a los miembros del CAJAR. Dichas
actividades se realizaron sin ningún tipo de control judicial. Además, en cuanto a la posible justificación de dicha interferencia,
el Estado no invocó finalidad legítima alguna perseguida mediante tales labores de inteligencia seguidas contra los miembros
del CAJAR ni presentó elemento alguno que permitiera efectuar un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de
tales medidas a la luz de una posible finalidad legítima. En este sentido, la Comisión determinó ilegalidad y arbitrariedad de
las labores de inteligencia del DAS en perjuicio de los integrantes del CAJAR.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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