_____________________________________________________________________________________ los elementos de tortura, y que, aunque la ausencia de esclarecimiento de la muerte y determinación de responsables no permite conocer de manera específica lo ocurrido, la violencia sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres. Adicionalmente, la Comisión encontró que la ausencia de acciones diligentes de búsqueda en el contexto de violencia sexual contra mujeres en Ciudad Juárez, caracterizan una actuación negligente y omisa de las autoridades que posibilitó los actos de tortura de violencia sexual. Por todo lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a los derechos de la niñez y a la igualdad ante la ausencia de medidas para prevenir de manera efectiva las torturas y violencia sexual de la que fue objeto. En relación con la investigación por la desaparición, la Comisión señaló que ésta debe ser analizada a la luz de los estándares interamericanos de debida diligencia estricta que resultan de la obligación reforzada que tiene el Estado para investigar las denuncias de desaparición de mujeres, así como las muertes violentas de mujeres. La Comisión observó que las acciones de búsqueda no fueron efectivas ni inmediatas en razón de que las oficinas del área de desapariciones no contaban con suficientes agentes, así como el hecho de tener que esperar las 72 horas a pesar de tratarse de una adolescente. Asimismo, notó que las labores del Ministerio Público, una vez conoció la noticia de la muerte tampoco fueron exhaustivas y que las primeras acciones de investigación sólo respondían al impulso de la investigación que hacía la madre de Lilia Alejandra. La Comisión notó también que durante los años 2004 a 2007 no se cuenta con información sustantiva sobre el avance de la investigación, así como que existe una probada ausencia de diligencia por parte de las autoridades porque pasaron nueve años para practicar las pruebas genéticas para investigar el caso. Igualmente, la Comisión no advirtió un plan para analizar el contexto, el grupo agresor, ni la determinación del agresor identificado en los dictámenes, aunque existen importantes indicios sobre su identidad. Asimismo, la Comisión notó la ausencia de una investigación con enfoque de género en el caso concreto. En relación con los múltiples ataques alegados por la señora Norma Andrade, la Comisión no contó con información sobre avance de las investigaciones que den cuenta de asegurar el acceso a la justicia en condiciones seguras. La Comisión señaló que son las mujeres y madres, quienes muchas veces buscan a sus hijas desaparecidas y que las autoridades deben brindarles protección para prevenir esos ataques, e investigar cada una de sus denuncias, pues la impunidad de las mismas es un obstáculo para el efectivo acceso a la justicia en todas las causas involucradas. Con respecto al plazo razonable, la Comisión no notó que el caso revista de mayor complejidad, e indicó que han pasado más de 20 años sin contar con una determinación de presuntos responsables. En conclusión, la Comisión consideró que el Estado ha violado los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la igualdad. Asimismo, la Comisión resaltó ante el contexto ampliamente conocido de violencia contra mujeres y niñas en Ciudad Juárez, así como las medidas emitidas por la Corte IDH en el Caso Campo Algodonero, que el presente caso demuestra una persistencia en las problemáticas de los mecanismos de justicia para dar respuesta efectiva a las demandas sobre desaparición forzada de mujeres. La Comisión destacó que, en el caso concreto, las acciones de particulares han derivado en responsabilidad del Estado al no haberse aun adoptado las medidas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia. Finalmente, la Comisión consideró probado que la señora Norma Andrade ha sufrido una violación a su derecho a la integridad personal como consecuencia de la desaparición de su hija, así como producto del impulso constante que ha hecho a la investigación, en medio de amenazas y hostigamientos en su contra. Igualmente, la Comisión consideró que los hijos son víctimas y han sido vulnerados sus derechos a la integridad personal. La Comisión destacó la importancia de analizar los impactos de la desaparición de mujeres en su familia, en especial, en sus hijos e hijas, así como en las madres de las personas desaparecidas, que deben asumir el rol de abuela y madres. En este sentido, la Comisión observó que la desaparición de Lilia Alejandra tuvo un impacto particular en los referidos familiares y en su derecho a la protección a la familia. 3 _____________________________________________________________________________________

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