_____________________________________________________________________________________ El 29 y 30 de noviembre de 2004 el Juzgado ordenó la detención preventiva de las víctimas e impuso como lugar de reclusión la DISIP. Dicha decisión fue confirmada por la Sala 4º de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 20 de enero de 2005. El 13 de enero de 2005, el Ministerio Público presentó la acusación formal y el 27 de mayo el Tribunal 20º de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas decidió convocar a las partes a juicio oral y público, lo cual se realizó entre el 10 y 20 de noviembre de ese mismo año. El 24 de enero de 2006 el Juzgado emitió una sentencia condenando a Rolando Jesús Guevara y Otoniel José Guevara Pérez por los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía mediante incendio y agavillamiento a veintisiete años y nueve meses de prisión y a Juan Bautista Guevara Rodríguez por los mismos delitos y por el de porte ilícito de arma de guerra y arma de fuego a treinta años de prisión. El Juzgado sostuvo que quedó demostrada la participación de los tres acusados, en particular gracias al testimonio del señor Giovanni José Vásquez de Armas sobre una reunión en la que las víctimas le habrían confiado su intención de colocar un explosivo en el auto de Danilo Baltazar Anderson. Todas las víctimas presentaron recurso de apelación contra la sentencia condenatoria y el 25 de abril de 2006 la Sala 7ª Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decidió declarar sin lugar dichos recursos. El 24 y 25 de octubre las víctimas interpusieron recursos de casación, los cuales fueron rechazados el 6 de agosto de 2007 por la Sala de Casación Penal del TSJ. En su Informe de Fondo No. 104/22, la Comisión determinó que el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal. La Comisión notó que la privación fue ilegal debido a que el Estado no acreditó que la misma fuera realizada en cumplimiento de la legislación vigente en la materia de tal forma que existiera una orden emitida por un juez, o bien, flagrancia. Por el contrario, la Comisión observó que las víctimas fueron detenidas y después “liberadas” para ser detenidas nuevamente, con el objetivo de dar una apariencia de legalidad a las declaraciones. En este sentido, la Comisión consideró también que la situación de detención fue arbitraria debido a que las detenciones de las víctimas no fueron inicialmente registradas y fueron llevadas a un paradero desconocido, en donde sufrieron actos de tortura durante varios días, siendo después liberadas de forma clandestina, sin que se les entregue una orden excarcelación. De esta forma, la Comisión concluyó que el Estado vulneró los derechos establecidos en los artículos 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana. La Comisión consideró también que el Estado vulneró el derecho establecido en el artículo 7.4 de la Convención Americana, debido a que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de sus detenciones y el derecho establecido en el artículo 7.5 de la Convención, teniendo en cuenta que no consta información que las víctimas hayan sido llevadas ante una autoridad judicial competente para determinar la legalidad de la detención y resguardar su seguridad personal. Por otra parte, la Comisión consideró que lo sucedido a las tres víctimas constituyó una desaparición forzada durante el periodo en el que su paradero fue desconocido. Lo anterior, debido a que fueron privadas de la libertad por agentes estatales, existiendo una negativa a reconocer la detención y revelar su paradero. Lo anterior, vulneró los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal y libertad personal, establecidos en los artículos 3, 5 y 7 de la Convención Americana y los artículos I a) y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP). En lo que se refiere a los hechos de tortura, la Comisión notó que las tres víctimas denunciaron ser trasladados con vendas y esposas a un paradero desconocido, en donde fueron golpeados en distintas partes del cuerpo, asfixiados con bolsas de plástico, electrocutados, amenazados con matar a sus familiares, y que estuvieron incomunicados y aislados durante días, lo cual concordaba con ciertos hallazgos de los informes médicos ordenados por la Fiscalía. En este sentido, concluyó que las víctimas fueron torturadas por agentes estatales mientras estuvieron detenidos, por lo cual el Estado violó el derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 5 de la Convención Americana, y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST). 2

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