15 por los representantes: Humberto Prado, Observatorio Venezolano de Prisiones; Carlos Ayala; Tatiana Rincón, CEJIL; y Mariana Meléndez; por el Estado: Nora Uribe Trujillo, Embajadora de Venezuela en Costa Rica; María Auxiliadora Monagas, Agente del Estado para los Derechos Humanos; Ricardo Jiménez Dan, Viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y Justicia; Erlin Rojas, Director General de Rehabilitación y Custodia del Ministerio del Interior y Justicia; José Vacarello, Fiscal con competencia nacional en el área penitenciaria; José María Aristimuño, Sociólogo del Ministerio de Relaciones Exteriores; Herly Peña Escalona, Agregada para Asuntos de Derechos Humanos en la Embajada de Venezuela en Costa Rica; y María Clara González, Directora de Prisiones del Ministerio del Interior y Justicia. 20. Los argumentos expuestos por la Comisión en la referida audiencia pública, en los cuales reiteró lo señalado en sus escritos anteriores (supra Vistos 1, 3, 4, 5, 6, 13 y 17), y enfatizó que: a) las autoridades estatales se han concentrado en proponer la ejecución de acciones integrales a mediano y largo plazo que, si bien pueden ser parte de la solución definitiva a la problemática del internado, dada la urgencia e inminencia de la situación actual, no son suficientes. El Estado debe llevar a cabo acciones de carácter inmediato, con el fin de superar la situación de crisis en el sistema de seguridad y la cultura de violencia que rodea a los privados de libertad en el Internado; b) reconocía que el Estado ha adoptado, en cumplimiento de la Resolución del Presidente, algunas medidas que tienen la característica de inmediatez, como, por ejemplo, la incorporación de 30 nuevos custodios que, según ha podido conocer la Comisión, fueron destacados al establecimiento el día 7 de febrero de 2006, la fumigación del área donde se encuentran recluidas las mujeres, la entrega del listado de internos requerido por esta Corte y la realización de una requisa el 26 de enero de 2006; c) aprecia la existencia de una voluntad política para el mejoramiento de la situación carcelaria nacional; d) medidas como la instalación de detectores de metales o la realización de requisas semanales en estricto apego al respeto de los derechos humanos de