4 Estado constituyen alegatos sobre cuestiones que las partes pretenden demostrar en el presente litigio y cuyo eventual valor se determinará en las posibles etapas de fondo y reparaciones, de ser el caso. Una vez que dicha prueba sea evacuada, el Estado tendrá la oportunidad de presentar las observaciones que estimen necesarias sobre su contenido. 16. En razón de lo expuesto, el Presidente considera pertinente recibir las declaraciones testimoniales propuestas por los representantes. ii) testimonio del señor Gabriel Ocampo Miño 17. El representante propuso al señor Gabriel Ocampo Miño para que declarara sobre “la conducta de los funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas en relación con el presente caso”. 18. Al respecto, el Estado objetó el testimonio con base en dos argumentos, a saber: i) “el señor Ocampo no ha conocido de los hechos materia del presente litigio, toda vez que el marco fáctico delimitado por la [Comisión] en su Informe de Fondo […], se retrotrae a hechos suscitados entre los años 2000 [a] 2002, tiempo en el cual, el declarante no tenía ningún tipo de conocimiento en cuanto a la causa, ya que del expediente vinculado al proceso interno, como al interamericano no se verifica participación alguna en torno a los hechos de la causa”, y ii) “el declarante conocía de la estrategia de defensa del Estado, puesto que trabajaba como funcionario público en la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, circunstancia que le permitió tener acceso directo a información privilegiada vinculada a la defensa del Estado, misma que pretende ser empleada ante la Corte […], limitando así el debido proceso en torno a esta causa, puesto que la declaración del señor Ocampo carecería de objetividad”. 19. Al respecto, el Presidente recuerda que a los testigos no les es aplicable el deber de objetividad, el cual es exigible a los peritos 1. No obstante lo anterior, el Presidente considera que la Corte no recibió ninguna información respecto de la eventual vinculación del testigo propuesto con los hechos específicos del caso que podrían sustentar su calidad de testigo2. Lo anterior debido a que no se establecieron las razones por las cuales el señor Ocampo Miño tendría conocimiento sobre la conducta de los funcionarios públicos y los miembros de las Fuerzas Armadas en el presente caso, más allá del cargo que el Estado indicó que habría ejercido en la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Por lo anterior, el Presidente decide no admitir esta declaración ofrecida por el representante. iii) peritaje del señor Ramiro Ávila Santamaría 20. El representante ofreció el peritaje del señor Ramiro Ávila Santamaría, el cual declararía sobre “el alcance del [d]erecho [e]cuatoriano en relación con las normas militares, los procedimientos de sanción, la justicia militar en la época en que se produjeron los hechos. Esto incluye los aspectos relacionados con las normas de carácter discriminatorio vigentes a la época de los hechos”. 1 Cfr. Caso Yarce y Otros Vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de mayo de 2015. Considerando 47. Caso González y otras (“Campo Algodonero,”) Vs. México. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de marzo de 2009. Considerando 45. Cfr. Caso Tide Méndez y Otros Vs. República Dominicana. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 2013. Considerando 42. Caso Forneron e Hija vs Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de septiembre de 2011. Considerandos 24 y 25. 2

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