posible agresor, y 4) existe capacidad de actuar por parte del posible agresor. Tlachinollan
y CEJIL señalaron además los siguientes hechos nuevos:
i)
En mayo de 2019, la señora Fernández Ortega acudió a un taller sobre los derechos
de las mujeres, realizado en Tlapa de Comonfort. En el taller la señora Fernández Ortega
compartió su proceso de búsqueda de justicia. Al regresar a su casa de habitación
encontró “a su perro muerto, al parecer por veneno, situación que ya le había sucedido
anteriormente con otro de sus perros, por lo que se asustó y entró rápidamente a su
domicilio, sin saber qué había sucedido”.
ii)
En agosto de 2019, el hijo de la beneficiaria, Neftalí Prisciliano Fernández, fue
interceptado por familiares del militar acusado en el caso, cuando se encontraba
conduciendo. Lo retuvieron y trasladaron hasta la oficina de la policía de tránsito del
municipio de Ayutla.
iii)
El 2 de diciembre de 2019 alrededor de las 22:30 horas, la beneficiaria Noemí
Prisciliano Fernández estaba por cerrar su local de verduras, cuando un carro gris se
impactó en contra de un poste de luz, cerca de su local. Dicho auto al parecer era
perseguido por la Policía Estatal. Ante esto, la beneficiaria intentó llamar a su esposo.
No obstante, no tenía señal en el local por lo que salió a la calle para realizar la llamada.
En ese momento elementos de la policía estatal del Estado de Guerrero empezaron a
increparla, diciéndole que ella los estaba grabando y que dejara de hacerlo. Aunque ella
les respondió que no los estaba grabando y que sólo quería realizar una llamada, los
elementos estatales comenzaron a ser más agresivos con ella, y le tomaron fotografías.
La beneficiaria siguió guardando las cosas de su negocio y salió nuevamente para meter
una banca que tiene afuera de su local, cuando salió los policías siguieron agrediéndola
verbalmente, uno de ellos le señaló que se subiera a la patrulla y que le iban a dar una
vuelta, de forma amenazante. Esta situación asustó a la beneficiaria y enseguida se
metió a su negocio. Ya adentro, uno de los policías, de quien recuerda su sobrenombre,
ingresó a su negocio y le dijo que no tenía que estar acercándose ni metiéndose donde
no la llamaban.
iv)
Desde el 1 de febrero de 2020, Noemí Prisciliano Fernández y su familia
comenzaron a ver gente desconocida afuera de su domicilio en varias ocasiones. A pesar
de solicitarlo expresamente a las autoridades, no se realizó ninguna acción para
salvaguardar su integridad debido a que las autoridades no lograron ubicar su domicilio.
En vista de ello, el 5 de febrero de 2020, la joven Prisciliano Fernández y su familia
salieron de su ciudad, ante el miedo a ser víctimas de algún tipo de agresión, para lo
cual solicitaron el apoyo de la Secretaría de Gobernación, a fin de que se les brindara
seguridad para realizar su traslado.
8.
La Corte advierte que, de la información proporcionada por Tlachinollan y CEJIL, así
como del análisis de riesgo efectuado, se desprende que la señora Fernández Ortega y su
familia continúan en una situación de riesgo. En este sentido, este Tribunal estima procedente
que el Estado mantenga y refuerce las medidas de protección para estos beneficiarios.
9.
Respecto a los beneficiarios miembros de Tlachinollan, la Comisión Nacional consideró
que “las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos que llevan a cabo desde
el Centro colocan a sus colaboradores en una clara situación de riesgo, tomando en
consideración el contexto en que desarrollan sus tareas y los intereses que pudieran estar
vinculados a los casos que acompañan”. La Comisión Nacional señaló que “uno de estos casos
es el de Inés Fernández, el cual los vincula con las presentes medidas provisionales, no
obstante, no tiene elementos suficientes para afirmar que la situación de riesgo en que se
encuentran las personas beneficiarias del Centro Tlachinollan, derivada de sus acciones de
defensa y protección de derechos humanos, tiene su origen en el caso Inés Fernández y otros”.
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