4.
La nota de la Secretaría de la Corte de 4 de diciembre de 2023, mediante la cual, de
conformidad con el artículo 27.5 del Reglamento y siguiendo instrucciones del Presidente del
Tribunal, se solicitó al Estado que, a más tardar el 7 de diciembre de 2023, remitiera sus
observaciones sobre la referida solicitud de medidas provisionales (supra Visto 3).
5.
El escrito de 5 de diciembre de 2023 y sus anexos, mediante los cuales los
representantes presentaron “una actualización de carácter urgente ante la inminente
liberación de Alberto Fujimori ordenada por el Tribunal Constitucional de Perú […] en abierto
desacato a lo ordenado por la Corte Interamericana”, aportaron la decisión de dicho tribunal
de 4 de diciembre de 2023 y reiteraron la solicitud de medidas provisionales para que el
Estado se abstenga de ejecutar la referida decisión.
CONSIDERANDO QUE:
1.
El artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que,
“[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños
irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las
medidas provisionales que considere pertinentes”. Asimismo, el artículo 27.3 del Reglamento
establece que “[e]n los casos contenciosos que se encuentren en conocimiento de la Corte,
las víctimas o las presuntas víctimas, o sus representantes, podrán presentar directamente a
ésta una solicitud de medidas provisionales, las que deberán tener relación con el objeto del
caso”. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 del Reglamento, si la Corte no se
encontrare reunida, la Presidencia puede requerir al Estado respectivo que dicte “las
providencias urgentes necesarias a fin de asegurar la eficacia de las medidas provisionales
que después pueda tomar la Corte”.
2.
En las Sentencias que emitió la Corte en los casos Barrios Altos y La Cantuta ordenó
al Estado que cumpla con su obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los
responsables de las graves violaciones a derechos humanos en ambos casos.
3.
La solicitud de medidas provisionales fue presentada por los representantes de las
víctimas de los Casos Barrios Altos y La Cantuta para “garantizar el acceso a la justicia de las
víctimas y evitar retrocesos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”, los
cuales se encuentran actualmente en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, con
lo cual se cumple con lo requerido en dicho artículo 27.3 en lo que respecta a la legitimación
para presentar la solicitud.
4.
En cumplimiento de la referida obligación de investigar, juzgar y sancionar, en el 2009
se condenó a Alberto Fujimori a una pena de 25 años de prisión por su participación como
autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, en perjuicio de las
víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y se calificaron dichos delitos como “crímenes
contra [l]a humanidad según el Derecho Internacional Penal”. Ello fue valorado positivamente
por la Corte Interamericana en sus Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia
de 2009 y 2012. Años después, el 24 de diciembre de 2017 el entonces Presidente de la
República del Perú emitió una resolución mediante la cual concedió un “indulto” “por razones
humanitarias” a favor de Alberto Fujimori Fujimori. La Corte se pronunció al respecto
mediante Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018.
El Tribunal consideró conveniente que los órganos jurisdiccionales peruanos realizaran un
control del indulto que “tome en cuenta los estándares expuestos en [los Considerandos 45 a
58 de la] Resolución” y que analizara “los serios cuestionamientos relativos al cumplimiento
de los requisitos jurídicos estipulados en el derecho interno peruano”. El Tribunal también
indicó que, “[d]e ser necesario, este Tribunal podrá realizar un pronunciamiento posterior
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