3 de febrero de 2021
REF.:

Caso Nº 11.691
Raghda Habbal e hijos
Argentina

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso
11.691 – Raghda Habbal e hijos, de la República Argentina (en adelante “el Estado”, “el Estado argentino” o
“Argentina”). El presente caso se refiere a la privación arbitraria de la nacionalidad argentina de Raghda Habbal
adquirida por naturalización y de la residencia permanente de sus tres hijos, así como a las afectaciones a las
garantías judiciales que se dieron en el marco de ambos procesos.
La señora Raghda Habbal y sus tres hijos menores de edad, todos de nacionalidad siria, obtuvieron la
residencia permanente argentina el 4 de julio de 1990 a través del marido de la señora Habbal, quien había
obtenido un permiso de residencia. El 3 de abril de 1992 la señora Habbal obtuvo la nacionalidad argentina por
naturalización, previo juramento y renuncia a su nacionalidad de origen. Sin embargo, al mes siguiente el
Director Nacional de Población y Migración emitió la Resolución No. 1088 que declaró nulas las radicaciones
de la señora Habbal y sus tres hijos, debido a que una resolución previa había anulado la radicación de su
marido. El 27 de octubre de 1994 se declaró nula mediante sentencia judicial la decisión que concedió la
ciudadanía argentina a la señora Habbal por evidenciarse un accionar fraudulento para su obtención. La señora
Habbal presentó recurso de apelación y nulidad alegando que no había sido notificada del proceso de acuerdo
a los requisitos legales, que no existía prueba sobre la presunta falsedad ideológica de los documentos ni su
mala fe, y que el Juez Federal debió haber esperado la decisión en el proceso penal para determinar si existió
fraude en el otorgamiento de la ciudadanía. Dicho recurso, así como todos los interpuestos posteriormente,
fueron denegados.
En su Informe de Fondo la Comisión observó que la Dirección Nacional de Migraciones no realizó
ninguna consideración sobre la calidad de nacional de la señora Habbal y omitió por completo su estatus de
ciudadana. La Comisión precisó que, aunque no existe constancia de que las órdenes de expulsión y detención
precautoria se hubieran ejecutado, corresponde analizar si éstas fueron compatibles con la Convención ya que,
al no haber sido anuladas, tuvieron incidencia en la situación y derechos de tales personas. Al respecto, la
Comisión concluyó que la ausencia de verificación de la condición de nacional, así como la orden de expulsión,
implicaron que se profiriera una decisión incompatible con el derecho a la libertad de circulación y residencia.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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