2

5.
En dicho informe la CIDH declaró la petición admisible en cuanto a la posible violación de los
derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con las
obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como en los artículos I y III de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
6.
El 29 de marzo de 2010 la Comisión notificó el Informe de Admisibilidad a las partes y otorgó tres
meses para que los peticionarios presentasen sus observaciones sobre el fondo, de conformidad con el artículo
37.1 de su Reglamento. El 12 de agosto de 2010 los peticionarios enviaron su respuesta y el 1 de septiembre del
mismo año remitieron los anexos respectivos. El 11 de enero de 2011 dicha información fue trasladada al Estado,
otorgándosele el plazo de tres meses para que presentase observaciones sobre el fondo. El Estado presentó su
respuesta en comunicación recibida por la CIDH el 18 de mayo de 2011 y remitió escritos adicionales el 28 de
marzo y 18 de octubre de 2012. A su vez, los peticionarios presentaron comunicaciones adicionales el 15 de agosto
y 2 de septiembre de 2011 y 29 de mayo de 2012 y el 14 de junio de 2013.
III.

POSICIÓN DE LAS PARTES

A.

Posición de los peticionarios

7.
Alegaron que el 7 de julio de 1984 el sub-oficial del Ejército peruano, Rigoberto Tenorio Roca, fue
detenido por infantes de la Marina de Guerra mientras se desplazaba entre las provincias de Huanta y Huamanga
en el departamento de Ayacucho. Afirmaron que al cruzar el sector de Huayhuas, el ómnibus que lo conducía fue
parado por aproximadamente 30 marinos acompañados de funcionarios de la Policía de Investigaciones del Perú,
quienes subieron al vehículo y requisaron a los ocupantes. Indicaron que al presentar sus documentos, la presunta
víctima fue conducida a un vehículo que conformaba un convoy militar que patrullaba la zona. Añadieron que la
presunta víctima fue conducida al Estadio de Huanta, donde la Marina había establecido una base militar. Según
los peticionarios, considerando el contexto en el que se produjo la detención de Rigoberto Tenorio, se puede
presumir que “luego de ser ingresado al Estadio Municipal de Huanta, fue sometido a torturas y tratos crueles,
inhumanos y degradantes por efectivos de la Marina de Guerra del Perú”.
8.
Los peticionarios indicaron que la esposa de Rigoberto Tenorio, señora Cipriana Huamaní
Anampa, y decenas de otras personas presenciaron la detención de la presunta víctima. Indicaron que el Fiscal
Provincial Adjunto de Huanta, Simón Palomino Vargas, un juez de instrucción de la misma provincia y su secretario
se encontraban en uno de los vehículos del convoy militar y también presenciaron la detención. Alegaron que días
después de la detención, la señora Cipriana Huamaní Anampa presentó una denuncia ante el Fiscal Provincial de
Huanta, quien habría indicado en este momento que no podía intervenir “ya que lo habían amenazado.”
9.
Señalaron que la detención fue igualmente reportada al comandante del Cuartel General del
Ejército en Huamanga (Los Cabitos). Afirmaron que dicho comandante recibió información del jefe de la base de la
Marina instalada en el Estadio de Huanta, Capitán Álvaro Francisco Separio Artaza Adrianzén (alias “camión”),
indicando que Rigoberto Tenorio no se encontraría bajo su custodia. Posteriormente, el Capitán Álvaro Artaza
habría informado que la presunta víctima había sido efectivamente detenida “para una pequeña investigación.”
Sin embargo, los peticionarios manifestaron que militares adscritos a la base de la Marina en Huanta negaron a la
señora Huamaní Anampa que su esposo hubiese sido llevado a esta localidad.
10.
Los peticionarios adjuntaron copias de denuncias firmadas por el hermano de la presunta víctima,
señor Juan Tenorio Roca, dirigidas al Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Fiscal de la
Nación, entre agosto y octubre de 1984. Indicaron asimismo que la esposa de la presunta víctima presentó
diversas denuncias ante entidades del Poder Judicial, Ministerio del Interior y Congreso de la República, sin
obtener respuesta alguna.
11.
Los peticionarios afirmaron que la justicia ordinaria abrió dos instrucciones penales contra el
Capitán de la Marina Álvaro Artaza Adrianzén, las cuales fueron posteriormente declinadas al fuero militar.
Indicaron que el 23 de diciembre de 1985 el Fiscal Provincial Adjunto de la Fiscalía de Huanta formuló acusación

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