que es necesario convocar a una audiencia durante la cual se recibirán las declaraciones que sean admitidas para tales efectos, así como los alegatos y observaciones finales orales de las partes y la Comisión Interamericana. Debido a la situación originada a causa de la pandemia por la propagación del COVID-19, cuyos efectos son de público conocimiento y persisten en la actualidad, esta Presidencia ha decidido, en consulta con el Pleno de la Corte, que dicha audiencia se lleve a cabo por medio de una plataforma de videoconferencia. 5. A continuación, el Presidente se referirá a la Prueba Pericial Ofrecida por la Comisión y a la solicitud de traslado de un peritaje que había sido rendido en el caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra Vs. Honduras. A. Prueba pericial ofrecida por la Comisión 6. La Comisión ofreció la declaración pericial de José Aylwin Oyarzún para que sea recibida durante la audiencia pública. Ni los representantes ni el Estado objetaron ese ofrecimiento. La Comisión indicó que los temas que abordaría este peritaje trascienden a las partes y afectan el orden público interamericano. En particular, sostuvo que el peritaje ofrecería la oportunidad de “profundizar su jurisprudencia sobre el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales”. Enfatizó que la Corte “podrá continuar desarrollando la obligación internacional de los Estados de garantizar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas a través de mecanismos adecuados que posibiliten mediante un título el reconocimiento oficial de la totalidad de su propiedad ancestral, incluyendo situaciones donde parte de sus territorios pudieran encontrarse ocupados por terceros”. Sostuvo asimismo que la Corte podría “continuar profundizando sobre la obligación que tiene el Estado de garantizar mecanismos que aseguren plenamente el derecho a la consulta de los pueblos indígenas respecto de la realización de proyectos empresariales en territorio reclamado ancestralmente por pueblos indígenas”. 7. Con respecto a ello, esta Presidencia nota que el peritaje propuesto se referiría a: i) las obligaciones de los Estados respecto al derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales y el deber de protección que emana del artículo 21 de la Convención Americana; ii) a la obligación de los Estados de garantizar mecanismos adecuados para asegurar a los pueblos indígenas el goce efectivo de sus territorios y otorgar seguridad jurídica respecto de la totalidad de su propiedad ancestral, incluyendo situaciones donde parte de sus territorios pudieran encontrarse ocupados por terceros, y iii) a la obligación de los Estados de establecer mecanismos legales que aseguren plenamente el derecho a la consulta de los pueblos indígenas respecto de la realización de proyectos empresariales en territorio indígena. Asimismo, en la medida de lo pertinente, el peritaje propuesto se referiría a otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y al derecho comparado. 8. La Presidencia entiende que el peritaje ofrecido por la Comisión resulta relevante para el orden público interamericano, debido a que trasciende los intereses específicos de las partes en el proceso y puede, eventualmente, tener impacto sobre situaciones que se presentan en otros Estados Parte en la Convención. En consecuencia, es pertinente recabar el dictamen pericial ofrecido por la Comisión. El objeto y la modalidad de dicha declaración se determinará en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 3). B. Solicitud de los representantes de un peritaje rendido en otro caso 2

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