19 Adicionalmente, en su breve gobierno, [Pedro Carmona Estanga], el expresidente de Fedecámaras, entre las pocas actividades que cumplió como jefe de Estado, sostuvo una reunión con los empresarios de los principales medios. Versiones de la prensa extranjera, citadas por el Comité de Protección de Periodistas, indican que propietarios y directivos de la televisión y la prensa del país estuvieron reunidos con Carmona, en la mañana del sábado. Posteriormente José Gregorio Vásquez, quien fue designado como viceministro de la Secretaría, en una carta pública confirmó que convocó a los dueños de medios de comunicación a una reunión con el Presidente Carmona y en la que participaron el editor del diario El Universal Andrés Mata, el director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell, los propietarios de Venevisión, Gustavo y Ricardo Cisneros, el editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, el directivo de Radio Caracas Televisión, Marcel Granier, el presidente del Bloque de Armas, Andrés de Armas, así como Orlando Urdaneta, de Globovisión, y Patricia Poleo, de El Nuevo País. De acuerdo con la versión de Vásquez, en la reunión se conversó sobre los errores que había cometido el nuevo gobierno y la búsqueda de soluciones, los empresarios se habrían comprometido a cooperar con la política comunicacional del gobierno de facto. La versión de esta reunión no ha sido desmentida, y sirve para insistir en que, si bien no existen indicios de que los medios estuviesen involucrados en el golpe de Estado, tal como lo ha señalado de forma insistente el Presidente Chávez, la reacción casi unánime de la prensa, radio y televisión tuvo algunas líneas comunes: nulos cuestionamientos al nuevo gobierno y a la forma en que se hizo del poder, omisión de informaciones que pusieran en entredicho la versión de que Chávez había renunciado, lo cual implicó censura, y una dosis alta de parcialidad que se reflejó en un discurso mediático el día 12 de abril, en la radio y televisión y el 13 en la prensa escrita, que apuntaba a darle legitimidad a las acciones que implicaron que el Presidente Chávez fuese depuesto. Esta conjugación de factores afectó el derecho ciudadano a recibir información”64. c) Situación de tensión entre el Estado y los medios de comunicación 58. Con la finalidad de ilustrar la situación existente al momento de la ocurrencia de los hechos, la Corte estima necesario hacer referencia el caso Ríos y otros Vs Venezuela, toda vez que los supuestos fácticos allí analizados permiten entender parte del contexto del presente caso. En efecto, los hechos se referían a actos y omisiones cometidos por funcionarios públicos y particulares durante los años 2001 a 2004, que constituyeron restricciones a la labor de buscar, recibir y difundir información de 20 personas que habían estado vinculados a RCTV en calidad de periodistas y trabajadores de la comunicación social. En este caso se señaló que: Los discursos y pronunciamientos señalados, de naturaleza esencialmente política, se refieren a los medios privados de comunicación social en Venezuela, en general, y a RCTV, sus dueños y directivos, en particular, aunque no se hacen señalamientos a periodistas específicos. La prueba aportada permite comprobar que esas declaraciones [de los funcionarios estatales] contienen las expresiones que han sido enfatizadas por la Comisión y los representantes en sus alegatos. Así, el medio de comunicación social RCTV, y en algunos casos sus dueños y directivos, son señalados como “fascistas”, y que “están comprometidos en [una] acción desestabilizadora contra el gobierno de Venezuela, contra el pueblo, contra las leyes, contra la República”. Además, se identifica a tal medio o a sus dueños, expresa o implícitamente, como partícipes en el golpe de Estado de 2002; se incluye a RCTV como uno de cuatro medios de comunicación privados aludidos como “los cuatro jinetes del Apocalipsis”; y se hacen referencias a RCTV de “enemigos del pueblo de Venezuela” y de responder a un “plan terrorista”. Asimismo, se cuestiona la veracidad de información transmitida por RCTV y en algunas declaraciones se hace referencia a la concesión para operar los medios de comunicación y a la posibilidad de cancelarla65. 59. Aunado a esto, la Corte tiene en cuenta la información presentada en los peritajes rendidos para el caso Ríos y otros con relación a este tema que fueron allegados a este expediente. Así, el perito Eduardo Ulibarri Bilbao se refirió a la existencia de “amenazas, hostigamientos y agresiones contra periodistas de RCTV y otros medios considerados 64 Cfr. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello “Entre el estruendo y el silencio. La crisis de abril y el derecho a la libertad de expresión e información” 2002. 65 Cfr. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela, párr. 127.