RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 SOLICITUD DE MEDIDAS PROVISIONALES RESPECTO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ CASO GALINDO CÁRDENAS VISTOS: 1. La Sentencia del Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú de 2 de octubre de 2015 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Corte” o “este Tribunal”) sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, y la Sentencia de Interpretación del referido Fallo dictada el 21 de noviembre de 2016 por este Tribunal. 2. El escrito de 3 de octubre de 2018 y sus anexos, mediante los cuales el señor Luis Antonio Galindo Cárdenas (en adelante también “el señor Galindo Cárdenas” o “el señor Galindo”) solicitó la adopción de medidas provisionales a su favor. En dicha solicitud de medidas provisionales el señor Galindo Cárdenas señaló que en su “condición de víctima y agraviado por [v]iolación a los [d]erechos [h]umanos”, conforme a las Sentencias dictadas por la Corte y de acuerdo a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “por las cuales, los Estados-Partes, en este caso la República del Perú [(en adelante también “el Estado” o “Perú”)], deben respetar los derechos consagrados en ese instrumento internacional, y garantizar el libre y pleno ejercicio, a toda persona dentro de su jurisdicción, de derechos y garantías que obligan no solo al Estado, sino que además alcanzan a terceros privados; en ese sentido, ante actos arbitrarios que violentan DD.HH., como son el irrestricto ejercicio de [su] profesión de abogado, y el de la defensa de [su] patrimonio, los que se vienen dando en el marco de una investigación preliminar a cargo de la Fiscal Provincial Penal […], titular de la 21 Fiscalía Provincial Penal de Lima-Perú, en el cual interviene un influyente Estudio Jurídico […], solicitó se [le] concedan u otorguen medidas provisionales”. (sin marcar mayúsculas y negrita del original) 3. Los hechos en que fundamenta la solicitud, entre otros, son los siguientes: a) en su condición de socio y representante legal de la empresa viajes Trotamundo S.A.C, el 27 de mayo de 2017 formuló denuncia penal contra dos personas, siendo una de ellas abogado y socio del Estudio Benítez, Vargas & Ugaz Abogados; por los delitos de Usurpación Agravada y otros, en su agravio y de la referida empresa, la cual fue remitida por la Policía de la DIRINCRI a la 21 Fiscalía El Juez Humberto Antonio Sierra Porto, por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del Tribunal, no participó en la deliberación y firma de la presente Resolución. 

Select target paragraph3