La Comisión ha designado al Comisionado Joel Hernández y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus Delegados. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuará como Asesora Legal. De conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe Nº 24/18 elaborado en observancia del Artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del Informe Nº 24/18 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Perú mediante comunicación de 22 de marzo de 2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado de Perú presentó información sobre una serie de medidas adoptadas con la finalidad de evitar la repetición de las violaciones ocurridas en el caso, así como sobre la reapertura de la investigación penal. Sin embargo, en cuanto a la recomendación sobre la reparación integral a las víctimas, el Estado peruano señaló que dicha reparación estaba relacionada con la investigación de los hechos a nivel interno. El Estado indicó que, en todo caso, ofició a las entidades competentes. En su segundo informe, el Estado reiteró la misma información. En ese sentido, tras cinco meses de notificado el Informe de Fondo, el Estado peruano no se ha puesto en contacto con las víctimas y sus representantes, a fin de formular una propuesta concreta de reparación integral. La Comisión destaca que las recomendaciones del Informe de Fondo tienen carácter independiente y que el deber de reparar integralmente del Estado se desprende de su responsabilidad internacional establecida en tal Informe, por lo que resulta inadmisible la posición estatal de condicionar el cumplimiento de dicha obligación internacional a los resultados de la investigación a nivel interno. En consecuencia, la CIDH decidió no otorgar la segunda prórroga solicitada y someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo Nº 24/18. En ese sentido, la CIDH solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de Perú por: - La violación de los derechos establecidos en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 11 y 24 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Azul Rojas Marín. - La violación de los artículos 5.1, 5.2, 11.2 y 24 de la Convención Americana, así como del incumplimiento de los artículos 1 y 6 de la CIPST en perjuicio de Azul Rojas Marín. - La violación de los derechos establecidos en los artículos 5.1, 8.1, 11, 24 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como por la violación de su deber de investigar hechos de tortura, establecida respectivamente en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, todo en perjuicio de Azul Rojas Marín. - La violación del derecho a la integridad psíquica y moral establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana en perjuicio de Juana Rosa Tanta Marín, como madre de Azul Rojas Marín. Igualmente, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de reparación: 1. Disponer una reparación integral a Azul Rojas Marín y Juana Rosa Tanta Marín por las violaciones de los derechos humanos establecidas en su perjuicio. Esta reparación debe incluir medidas de compensación

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