pecuniaria y satisfacción para reparar tanto el daño material como moral, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado para las víctimas. 2. Investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la violencia sexual sufrida por Azul Rojas Marín, calificada como tortura en el informe. Las investigaciones y procesos judiciales a que haya lugar deberán adelantarse con base en los estándares descritos en el informe. Tomando en cuenta la gravedad de las violaciones declaradas y los estándares interamericanos al respecto, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca que el Estado no podrá oponer la decisión de sobreseimiento dictada a la luz de la garantía de ne bis in ídem, cosa juzgada o prescripción, para justificar el incumplimiento de esta medida. 3. Disponer las correspondientes medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. 4. Brindar de forma gratuita, inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a la víctima del presente caso si así lo solicite y de manera concertada con ella. 5. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) asegurar que el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal no sea utilizado por autoridades policiales de manera abusiva y discriminatoria, incluyendo mecanismos efectivos de rendición de cuentas; ii) adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia contra personas LGBT; iii) diseñar programas de formación y capacitación para todos los operadores jurídicos que tengan contacto y/o estén a cargo de investigar casos de violencia por prejuicio, incluida violencia sexual; y iv) adoptar medidas de no repetición dirigidas a capacitar a los cuerpos de seguridad, y en general, funcionarios/as que tengan a su cargo la custodia de personas privadas de libertad, en la prohibición absoluta de la tortura y de la violencia sexual y de otra índole contra la población LGBT, así como a enviar un claro mensaje de repudio a este tipo de actos. 6. Instar al Estado a ratificar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, aprobada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013. Además de la necesidad de obtención de justicia por la falta de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo, la Comisión considera que el presente caso plantea cuestiones de orden público interamericano. Específicamente, la CIDH destaca que se trata del primer caso que se somete a la Corte Interamericana en materia de violencia en contra de las personas LGBT. Así, el presente caso ofrece a la Honorable Corte la oportunidad de profundizar su jurisprudencia respecto de casos de violencia física, psicológica y sexual por parte de agentes de seguridad del Estado, con las particularidades que se desprenden de la violencia por prejuicio, incluyendo los estándares particulares en materia probatoria y de investigación y sanción a los responsables. Asimismo, la Corte Interamericana podrá pronunciarse sobre los distintos supuestos de estigmatización, descalificación y discriminación que puede sufrir una víctima en un caso como el presente en el contexto de la investigación penal. Por otra parte, la Honorable Corte podrá desarrollar su jurisprudencia en materia de libertad personal, en lo relativo a las facultades de los cuerpos de seguridad del Estado de detener a personas con fines de identificación o de prevención del delito y las salvaguardas tanto procesales como sustantivas necesarias para que dicha facultad no sea contraria a la Convención Americana.

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