normativa no vinculante y no reglamentada 289. Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente
que el Estado adopte las siguientes medidas contenidas en la referida Nota Técnica:
a. La plena implementación de dispositivos de geolocalización y registro de
movimientos de los vehículos policiales y de los policías en el estado de São Paulo,
y
b. El envío de los registros de operaciones policiales que resulten en muertes o
lesiones graves de civiles, incluyendo las grabaciones de las cámaras corporales y
de geolocalización, a los órganos de control interno y externo de la policía del
estado de São Paulo.
185. En cuanto a las posibles medidas a adoptar, la Corte estima pertinente recordar al
Estado que, de conformidad con lo señalado por el perito que ofreció, “no es que hay un déficit
normativo sino un déficit de la implementación” 290, por lo cual deberá observar esta
consideración al implementar la medida correspondiente. La Corte supervisará esta medida y
podrá determinar medidas adicionales o suplementarias durante la supervisión del
cumplimiento de esta Sentencia, en caso de que los objetivos de la medida no sean verificados
satisfactoriamente 291. Para cumplir con esta obligación, el Estado cuenta con un plazo de dos
años a partir de la notificación de esta Sentencia.
186. Por otro lado, si bien el Estado indicó que la Policía Militar del estado de São Paulo
cuenta con la Norma de Instrucción No. M3-001/03/20 de 29 de julio de 2020 292, mediante
la cual las medidas que buscan la protección de la salud mental del agente policial prevén su
separación de la función ostensiva 293, la Corte advierte que tal norma no posee ninguna
disposición que indique la obligatoriedad de que el personal policial involucrado en una muerte
resultante de una acción policial sea apartado temporalmente de tal función ostensiva,
mientras se investiga su actuación por el órgano disciplinario competente. Al respecto, el
Tribunal considera que dicha separación es una medida adecuada para garantizar que el
control externo sea efectivo y prevenir posibles abusos de poder. Especialmente, al contribuir
a la transparencia, la confianza pública en el sistema de justicia y en la institución policial, así
como la prevención de futuros abusos. En consecuencia, la Corte ordena al Estado adoptar
las medidas necesarias para que, en el plazo de dos años, se cuente un marco normativo que
permita que, todo agente policial involucrado en una muerte resultante de una acción policial
sea separado provisionalmente de la función ostensiva hasta que se determine la conveniencia
y pertinencia de su reincorporación por parte la oficina de asuntos internos (corregodorias).
E.2 Mecanismo para reapertura de procesos judiciales
187. La Corte recuerda que, en el caso Sales Pimenta Vs. Brasil, ordenó al Estado que cree
un mecanismo que permita la reapertura de procesos judiciales 294. En el mismo sentido, en
esta oportunidad, el Tribunal considera pertinente reiterar la orden al Estado de que cree, en
el plazo de tres años, un mecanismo que permita la reapertura de investigaciones y procesos
Cfr. Versión escrita del peritaje rendido por Antonio Henrique Graciano Suxberger ante la Corte el 25 de
enero de 2023 (expediente de prueba, folio 8545, 8547 y 8548).
290
Peritaje de Bruno Paes rendido durante la audiencia pública del presente caso.
291
Cfr. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil, supra, párr. 317.
292
Cfr. Norma de Instrucción no. M3-001/03/20 de 29 de julio de 2020 emitida por la Policía Militar del Estado
de São Paulo (expediente de prueba, folios 9031 a 9043).
293
La función ostensiva debe ser entendida como las actividades de la policía de fiscalizar comportamientos y
actividades, regular o mantener el orden público y prevenir y reprimir delitos. En la práctica, son las actividades que
los/las policías realizan “en terreno".
294
Cfr. Caso Sales Pimenta Vs. Brasil, supra, párrs 179 a 180 y punto resolutivo décimo séptimo.
289
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