normativa no vinculante y no reglamentada 289. Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente que el Estado adopte las siguientes medidas contenidas en la referida Nota Técnica: a. La plena implementación de dispositivos de geolocalización y registro de movimientos de los vehículos policiales y de los policías en el estado de São Paulo, y b. El envío de los registros de operaciones policiales que resulten en muertes o lesiones graves de civiles, incluyendo las grabaciones de las cámaras corporales y de geolocalización, a los órganos de control interno y externo de la policía del estado de São Paulo. 185. En cuanto a las posibles medidas a adoptar, la Corte estima pertinente recordar al Estado que, de conformidad con lo señalado por el perito que ofreció, “no es que hay un déficit normativo sino un déficit de la implementación” 290, por lo cual deberá observar esta consideración al implementar la medida correspondiente. La Corte supervisará esta medida y podrá determinar medidas adicionales o suplementarias durante la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia, en caso de que los objetivos de la medida no sean verificados satisfactoriamente 291. Para cumplir con esta obligación, el Estado cuenta con un plazo de dos años a partir de la notificación de esta Sentencia. 186. Por otro lado, si bien el Estado indicó que la Policía Militar del estado de São Paulo cuenta con la Norma de Instrucción No. M3-001/03/20 de 29 de julio de 2020 292, mediante la cual las medidas que buscan la protección de la salud mental del agente policial prevén su separación de la función ostensiva 293, la Corte advierte que tal norma no posee ninguna disposición que indique la obligatoriedad de que el personal policial involucrado en una muerte resultante de una acción policial sea apartado temporalmente de tal función ostensiva, mientras se investiga su actuación por el órgano disciplinario competente. Al respecto, el Tribunal considera que dicha separación es una medida adecuada para garantizar que el control externo sea efectivo y prevenir posibles abusos de poder. Especialmente, al contribuir a la transparencia, la confianza pública en el sistema de justicia y en la institución policial, así como la prevención de futuros abusos. En consecuencia, la Corte ordena al Estado adoptar las medidas necesarias para que, en el plazo de dos años, se cuente un marco normativo que permita que, todo agente policial involucrado en una muerte resultante de una acción policial sea separado provisionalmente de la función ostensiva hasta que se determine la conveniencia y pertinencia de su reincorporación por parte la oficina de asuntos internos (corregodorias). E.2 Mecanismo para reapertura de procesos judiciales 187. La Corte recuerda que, en el caso Sales Pimenta Vs. Brasil, ordenó al Estado que cree un mecanismo que permita la reapertura de procesos judiciales 294. En el mismo sentido, en esta oportunidad, el Tribunal considera pertinente reiterar la orden al Estado de que cree, en el plazo de tres años, un mecanismo que permita la reapertura de investigaciones y procesos Cfr. Versión escrita del peritaje rendido por Antonio Henrique Graciano Suxberger ante la Corte el 25 de enero de 2023 (expediente de prueba, folio 8545, 8547 y 8548). 290 Peritaje de Bruno Paes rendido durante la audiencia pública del presente caso. 291 Cfr. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil, supra, párr. 317. 292 Cfr. Norma de Instrucción no. M3-001/03/20 de 29 de julio de 2020 emitida por la Policía Militar del Estado de São Paulo (expediente de prueba, folios 9031 a 9043). 293 La función ostensiva debe ser entendida como las actividades de la policía de fiscalizar comportamientos y actividades, regular o mantener el orden público y prevenir y reprimir delitos. En la práctica, son las actividades que los/las policías realizan “en terreno". 294 Cfr. Caso Sales Pimenta Vs. Brasil, supra, párrs 179 a 180 y punto resolutivo décimo séptimo. 289 64

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