191. Los representantes requirieron que se ordene al Estado como medida de satisfacción construir un monumento en memoria de las víctimas, en la plaza del peaje de la carretera José Ermírio de Moraes (Castelinho). Además, en el marco de las medidas de rehabilitación, solicitaron que el Estado proporcione atención médica y psicológica especializada a las personas víctimas de la violencia policial. Peticionaron que la atención sea proporcionada por el tiempo que indique el personal profesional, que sea especializada en traumas generados por la violencia policial y que esté dirigida a los sobrevivientes de incidentes violentos y a los familiares de las personas fallecidas en tales circunstancias, independientemente de que haya habido una investigación de responsabilidades o una decisión judicial. Adicionalmente, solicitaron que se ordene la formación del personal de la Red de Atención Psicosocial (RAPS) para que puedan prestar este tipo de atención médica. Señalaron que, en caso de que la implementación de esta medida sea progresiva, se prioricen las zonas en las que los índices de letalidad y victimización policiales son más elevados. Por otro lado, los representantes solicitaron otras garantías de no repetición a ser integradas dentro del plan específico para reducir la letalidad policial y supervisar las fuerzas de seguridad pública (supra párr. 172) 298. 192. Los representantes también solicitaron: i) la creación y mantención de un sitio web específico, durante un plazo indeterminado, para divulgar los perfiles de las personas víctimas de violencia policial que hayan sido asesinadas mientras estaban desarmadas, con autorización previa de los familiares. ii) la elaboración de dictámenes periciales en todos los casos de homicidio (consumados o en grado de tentativa) en los que hubiese habido intervención policial; iii) la garantía de que los órganos encargados de realizar pericias documenten, por medio de fotografías, las pruebas periciales producidas en las 298 Indicaron que las medidas a incorporar son: i) Capacitación y sensibilización de la policía sobre la observancia de los parámetros democráticos y de respeto a los derechos humanos, de manera permanente y obligatoria. Enfatizaron en la importancia de que la formación no sea teórica, sino que debe estar centrada en la práctica profesional y cotidiana de los policías. Asimismo, solicitaron que en la formación se aborde: a) el racismo estructural, la prohibición de abordar y detener sobre la base de estereotipos, desigualdad de género, discriminación homofóbica y otras formas de discriminación y prejuicios y, b) el uso de la fuerza letal. En particular, indicaron que, tales capacitaciones deben tener una perspectiva racial que involucre un enfoque histórico, político, económico, sociológico, antropológico y cultural y, tanto el profesorado de las academias de policías como el reclutado en universidades, institutos de investigación especializados en seguridad pública y derechos humanos y en organizaciones de la sociedad civil, deben aplicar periódicamente un “plan político-pedagógico”. De igual manera, señalaron que el Estado debe dotar de los recursos materiales requeridos para que los policías puedan ofrecer un servicio de seguridad pública de calidad. ii) Elaboración de protocolos sobre uso proporcional y progresivo de la fuerza de conformidad con la Constitución Federal brasileña y con los estándares internacionales, especialmente aquellos previstos en los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Responsables de la Aplicación de la Ley. Resaltaron la necesidad de que los procedimientos policiales que involucren el uso legítimo de la fuerza sean regulados por ley federal, y que los Estados federados solo tengan la competencia de reglamentación. Solicitaron que, dentro de dicha regulación, el uso de la fuerza se fundamente en los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad; que se establezca como obligatorio el uso prioritario del armamento menos letal incluso en casos de persecución de sospechosos, aunque estuvieren armados, y que en caso de operaciones y persecuciones de personas desarmadas se prohíba el uso de armas letales. iii) Elaboración de protocolos de abordaje policial y búsqueda personal a fin de minimizar la práctica de perfilamiento racial, que sea regulado mediante ley. Solicitaron que el protocolo establezca que la intervención policial sea necesariamente basada en elementos objetivos que se vinculen razonablemente a la práctica de una conducta criminal, siguiendo los parámetros establecidos en el caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina. iv) Programas de reconocimiento de las actuaciones policiales, enfocadas en incentivar la buena atención al público, la excelencia técnica para investigar delitos y las acciones para prevenir y mejorar las relaciones con la comunidad. v) La prohibición de promover o premiar a policías por hechos que involucren muertes, mientras aún estén siendo investigados. vi) Que a los agentes de seguridad pública se les proporcione capacitación sobre cómo los policías deben actuar cuando están fuera de servicio, con la finalidad de reducir la muerte de estos. vii) Mejorar de las condiciones de trabajo de los agentes de seguridad pública. Solicitaron que se les provea equipos de protección adecuados, los cuales deberán estar disponibles incluso durante sus períodos de descanso. viii) Acompañamiento psicológico y terapéutico constante y específico para policías con el fin de disminuir el impacto negativo de la actividad que realizan y de las presiones que sufren, así como las consecuentes actuaciones impulsivas o agresivas que pudieran tener. Indicaron que una atención psicológica que aborde las prácticas cotidianas de estos y en donde puedan compartir las dificultades vividas permitiría disminuir la tensión que su labor produce, garantizándose así una calidad de vida en estos y en el servicio público que prestan. 66

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