investigaciones de delitos contra la vida, el lugar de los hechos y el examen de necropsia y,
adjunten tales fotografías al expediente y a un sistema electrónico de respaldo. En cuanto a
la documentación de lugar de los hechos, indicaron que también deberá realizarse a través
de la videograbación; iv) la garantía de que los agentes de seguridad y profesionales en la
salud preserven todos los vestigios de los delitos cometidos en operaciones policiales, para
evitar la remoción indebida de cadáveres bajo la excusa de socorrer; v) el establecimiento de
órganos periciales independientes y autónomos a las instituciones de medicina legal y demás
órganos de investigación criminal de las Secretarías de Seguridad Pública y Policía Civil.
Agregaron que, en todos los estados de la Federación, deberán crearse centros avanzados de
antropología forense; vi) la garantía de que el Ministerio Público actúe en el sentido de
escuchar a las víctimas y sus familiares para asegurar que estos declaren y brinden
información, así como notificarles sobre el eventual archivo de la investigación de la forma
que sea más conveniente para estos; vii) el levantamiento de la confidencialidad de todos los
protocolos de actuación policial incluyendo todos los “Procedimientos Operacionales Estándar
de la Policía Militar” (POPs, por sus siglas en portugués) y de todos los textos normativos
operacionales de la Policía Civil; viii) la divulgación mensual en el sitio web de las Secretarias
de Seguridad Pública de cada estado federado de los homicidios (consumados o no) que
involucren la actuación o intervención de la policía (como víctimas o autores); ix) la garantía
de que los Ministerios Públicos crearán servicios en los cuales haya siempre una persona
fiscal, en régimen de guardia, para atender denuncias relacionadas al control externo de la
policía y que este servicio sea ampliamente difundido, y x) la unificación en un banco de
datos, totalmente accesible a la población y de fácil consulta, de la información relativa a los
homicidios dolosos, consumados o en grado de tentativa, que involucren la actuación o
intervención de la policía (como víctimas o autores).
193. El Estado manifestó su desacuerdo con las medidas de satisfacción solicitadas (supra
párr. 191), al considerar que no incurrió en las violaciones en cuestión y agregó que, incluso,
si se declarara la violación, sería suficiente con las medidas relativas a la publicación de la
Sentencia. Reconoció “la importancia de las medidas destinadas a preservar el derecho a la
memoria y subray[ó] que, si la Corte […] lo considera pertinente, adoptará medidas en
relación con este punto, en respeto a las víctimas y sus familiares”. Respecto a las medidas
de rehabilitación, adujo que el deber estatal de prestar servicios de salud física y mental ya
está asegurado por el artículo 196 de la Constitución y que cuenta con un Sistema Único de
Salud (SUS) que provee servicios con acceso universal, gratuito e integral. Resaltó que la
solicitud no está dirigida a los familiares de las presuntas víctimas de la “Operación
Castelinho”, sino que fue formulada de manera genérica. Particularmente, destacó que los
familiares de personas que han perdido la vida en eventos trágicos están cubiertos, de forma
gratuita, por los servicios de atención psicosocial de la Red de Atención Social.
194. En cuanto a las garantías de no repetición solicitadas, refirió que cuenta con un marco
jurídico nacional para el uso de la fuerza basado en los estándares internacionales de derechos
humanos. Adujo que ha realizado esfuerzos para contrarrestar la violencia policial, y que el
uso de la fuerza en operaciones policiales está reglamentado en el ordenamiento jurídico
brasileño, de acuerdo con los mandatos de legitimidad y justicia. Sostuvo que dichos
resultados son el producto de políticas que no se restringen al control de la criminalidad, sino
que también regulan el uso de la fuerza. Además, reseñó una serie de medidas en el ámbito
de la policía civil, las cuales incluyen cursos de formación en derechos humanos y uso de
armas menos letales en la Academia de Policía Civil del Estado de São Paulo y en cursos
específicos de mejora y actualización profesional.
195. En sus alegatos finales escritos, aclaró que varias solicitudes remitidas por los
representantes tienen similitud con las que fueron presentadas en la acción civil pública
no.1025361-76.2019.8.26.0053 (supra párr. 176). En este contexto, el Estado señaló que,
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