26.
Sostuvo asimismo que la situación actual de los propuestos beneficiarios “es la
situación más extrema a la que vienen siendo sometidos por su actuar”, tanto como
partido indígena de oposición en la Costa Caribe de Nicaragua, como diputados regionales
indígenas de YATAMA, como personas de oposición políticas desde el movimiento indígena,
y por su impulso al cumplimiento de la sentencia de la Corte.
27.
La Comisión consideró que, en el presente asunto, “la información disponible
demuestra la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia y un riesgo
inminente de que se materialice un daño irreparable a los derechos de las personas
identificadas en el actual contexto de Nicaragua”. La Comisión sostuvo que los hechos
narrados, “tomados en su conjunto y valorados a la luz del grave contexto de riesgo,
permiten considerar, bajo el estándar de apreciación prima facie, que las personas
propuestas beneficiarias respecto de quienes se solicitan las presentes medidas se
encuentran en el nivel más alto de riesgo desde que fueron otorgadas las medidas
cautelares”. Además, entendió que la situación actual de los propuestos beneficiarios está
íntimamente ligada a su rol de oposición como organización y partido político indígena de
la Costa Caribe en el marco del contexto hostil monitoreado por diversos órganos de
derechos humanos. En ese sentido, alegó que las acciones adoptadas desde el Estado en
contra de los propuestos beneficiarios “buscan silenciarlos y desarticular a sus formas
propias de organización política con el objetivo de impedir su participación en el debate
público y en los espacios de participación política, sea en la Asamblea Nacional de
Nicaragua, o en próximas elecciones nacionales o regionales en la Costa Caribe de
Nicaragua”.
28.
Sobre Brooklyn Rivera Bryan, mencionó el “asedio y persecución por parte de la
Policía Nacional, quienes conocían de cada movimiento que realizaba, hasta antes de su
detención” ocurrida el 29 de septiembre de 2023 por agentes del Estado quienes
irrumpieron en su residencia del señor Rivera Bryan ubicada en la ciudad de Bilwi. Destacó
la ausencia de orden de allanamiento y de orden de detención autorizada por autoridad
judicial, así como de información oficial sobre el lugar en el que se encontraría tras su
detención. Afirmó que, si bien de manera extraoficial se tuvo información que fue
trasladado a la ciudad de Managua, no ha sido posible confirmar la información, ni ubicarlo
en los centros de detención y las autoridades policiales se niegan a dar información de su
paradero. Por otra parte, señaló que no se cuenta con información que indique que el
propuesto beneficiario esté recibiendo atención médica, lo cual sería preocupante debido
a que tendría problemas respiratorios a consecuencia del COVID-19. Además, mencionó
que existirían rumores de que el riesgo en contra del propuesto beneficiario “se habría
materializado ya sea por la ocurrencia de un derrame cerebral o incluso su muerte”.
29.
En suma, la Comisión sostuvo que las circunstancias descriptas requieren medidas
inmediatas que permitan conocer su situación actual y, particularmente, si ha recibido
atención médica, así como sus eventuales condiciones de detención.
30.
Sobre Nancy Elizabeth Henríquez James, la Comisión mencionó que fue detenida el
1 de octubre de 2023 sin orden judicial, mantenida incomunicada hasta que pudo recibir
visitas, y ubicada en celda aislada sin acceso a material de lectura. Además, se refirió a
posibles condiciones de insalubridad, siendo además que no se le habría permitido el
acceso a material para la limpieza personal. Además, la Comisión refirió que Nancy
Elizabeth Henríquez James sufriría padecimiento de enfermedades preexistentes que no
estarían siendo tratadas de manera adecuada pues el Estado. Informó que sus familiares
manifestaron que se encontraría muy delgada y desmejorada. Lo que preocupa debido a
sus enfermedades preexistentes. Asimismo, éstos estarían bajo amenazas al punto que
algunos de ellos se habrían visto obligados al exilio, manifestando preocupación por su
nieto que seguiría en el país.
31.
La Comisión agregó que la información recibida en torno a la situación de la
propuesta beneficiaria es consistente con el contexto de las personas opositoras privadas
de libertad, lo que ha sido objeto de valoración de diversas instancias internacionales.
Sobre este último punto, la Comisión refirió que, en el año 2022, instó al Estado de
-8-