___________________________________________________________________________ Los miembros de la Comunidad que desconocieron las decisiones adoptadas irregularmente presentaron una acción de protección contra la escritura pública de compraventa alegando la vulneración a sus derechos a la propiedad comunal, trabajo, hábitat y al desarrollo como pueblos indígenas. Dicha acción fue desestimada el 12 de mayo de 2010 por el Juez Quinto de Garantías Penales de Manabí, y el 22 de julio de 2010 la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí confirmó el rechazo de la acción. En el informe de admisibilidad y fondo No. 447/21, la Comisión recapituló las principales obligaciones de los Estados para garantizar la personalidad jurídica y la libre determinación de los pueblos indígenas, así como el derecho de propiedad colectiva sobre sus territorios. La Comisión consideró que la falta de una normativa adecuada originó que la comunidad de Salango tuviese que inscribirse inicialmente como una comuna a pesar de que le correspondía ser protegida por las normas constitucionales que eran aplicables para todos los pueblos indígenas. Asimismo, observó que el Procurador General del Estado, negó la aplicación de las garantías previstas en los artículos 83 y 84 de la Constitución ecuatoriana en perjuicio de la comunidad de Salango, al considerar que no calificaba como pueblo indígena sino únicamente como pueblo montubio, análisis que no contó con un examen integral en base a los criterios subjetivos y objetivos establecidos en el Convenio No. 169 y la Declaración de Naciones Unidas para el Derecho de los Pueblos Indígenas. Dicho pronunciamiento fue utilizado luego como argumentación principal por las autoridades judiciales en decisiones que determinaron la inscripción de las tierras de la comunidad de Salango en favor de un tercero. Asimismo, la Comisión consideró que el Notario Público Primero del Cantón del Puerto López y el Juez Noveno de lo Civil de Manabí aplicaron de manera automática la figura del derecho administrativo del silencio administrativo o positiva ficta para disponer de las tierras de la comunidad de Salango, sin verificar si la decisión de la venta se había realizado de conformidad con los procesos de toma de decisiones tradicionales dentro de la propia comunidad. En este sentido, la Comisión concluyó que la falta de protección de las tierras de la comunidad vulneró los artículos 3 y 21 de la Convención Americana y que constituyó una aplicación desigual e irrazonable del marco normativo vigente dado que a la comunidad le correspondía ser protegida por las normas aplicables a pueblos indígenas. Adicionalmente la Comisión estableció que el Estado debió asegurar que se respetasen las modalidades tradicionales de transmisión de los derechos sobre la tierra y consideró que la inscripción del territorio de la comunidad de Salango en favor de un tercero provocó la privatización de los caminos ancestrales que daban acceso al mar, generando que los integrantes del citado pueblo no puedan pescar, recoger mariscos, bucear, entre otras actividades tradicionales y para su subsistencia. La Comisión indicó que tal situación vulneró los derechos culturales de la comunidad de Salango, así como su derecho a asumir la administración y conservación de sus tierras, toda vez que en principio la protección de la naturaleza es compatible con la forma de vida de los pueblos indígenas y puede ser asumida por éstos. Al respecto, la Comisión consideró que se vulneraron los derechos contemplados en los artículos 3, 21, 24 y 26 de la Convención Americana. Finalmente, consideró que existió una violación del derecho a la protección judicial, toda vez que el Estado tuvo la oportunidad de brindar una respuesta adecuada a los estándares interamericanos y cumplir con su obligación de garantizar este derecho en distintos momentos. Sin embargo, en los procedimientos internos las autoridades judiciales calificaron los reclamos territoriales de la comunidad de Salango como asuntos de “mera legalidad” con lo cual se derivó la discusión a vías jurisdiccionales que no resultaron idóneas para discutir los derechos en conflicto. Asimismo, las autoridades aplicaron la figura del silencio administrativo sin el análisis requerido para los procesos vinculados la propiedad colectiva. Lo anterior, en violación de los derechos contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. En suma, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 3 (personalidad jurídica), 8.1 (garantías judiciales), 21 (propiedad colectiva), 24 (igualdad ante la ley), 25 (protección judicial) y 26 (derechos culturales) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de la Comunidad de Salango.

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