1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Víctor Manuel Isaza Uribe y, de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares los restos mortales. 2. Llevar a cabo los procedimientos internos relacionados con las violaciones a los derechos humanos declaradas en el informe y conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada de Víctor Manuel Isaza Uribe, de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan. 3. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación, el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos y la implementación de un programa adecuado de atención a sus familiares. 4. Adoptar medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de protección para sindicalistas con el objetivo de que puedan desarrollar sus actividades libremente y sin temor a represalias. 5. Reconocer públicamente, garantizando mecanismos adecuados de difusión, las violaciones declaradas en el presente caso. Además de la necesidad de obtención de justicia, la Comisión destaca que el presente caso involucra cuestiones de orden público interamericano. Específicamente, el caso le permitirá a la Corte profundizar en su jurisprudencia en materia de análisis de contextos de connivencia y colaboración entre agentes estatales y actores no estatales, así como sus implicaciones en las determinaciones sobre la responsabilidad internacional del Estado. Asimismo, el caso presenta por primera vez el contexto de persecución a sindicalistas en el marco del conflicto armado colombiano, bajo un marco normativo y prácticas institucionales que permitían una identificación de este grupo social dentro de la noción de enemigo interno. En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer la siguiente declaración pericial: Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre la persecución de ciertos grupos sociales y de defensa de los derechos humanos, como los sindicalistas, en el marco de conflictos armados internos, debido a una equivocada percepción de las personas pertenecientes a dichos grupos como vinculadas a un bando del conflicto. El/la perito/a se referirá a la configuración de la noción de enemigo interno en contextos de la lucha antisubversiva por parte de los Estados, la inclusión directa o indirecta de ciertos grupos sociales como parte de dicha noción y sus impactos. El la perito/a se referirá a la necesidad de que las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos en el marco de dichos contextos de persecución de grupos sociales, sean investigadas a la luz del contexto y no como hechos aislados. Finamente, el/la perito/a se referirá al objeto de peritaje en el marco del conflicto armado colombiano. El CV del/la perito/a ofrecido/a será incluido en los anexos al informe de fondo. La Comisión pone en conocimiento de la Corte la siguiente información sobre quienes actuaron como peticionarios a lo largo del trámite del caso: 3

Select target paragraph3