Durante la mañana del 30 de abril de 1982, los cuerpos de 19 individuos, en su mayoría mujeres,
niñas y niños, fueron enterrados en una fosa común. Al menos tres personas desaparecieron durante la
masacre, luego de haber sido vistas por última vez bajo la custodia de agentes de seguridad del Estado y, a
la fecha, el Estado continúa sin determinar su paradero. Las personas que lograron sobrevivir a la masacre,
incluyendo niños y niñas, sufrieron una serie de consecuencias que afectaron y afectan hasta el día de hoy
sus vidas, dado que tuvieron que enfrentar persecución, violencia extrema y profunda indefensión,
habiendo sido además forzados a abandonar su aldea. A pesar de haber tenido conocimiento de los hechos,
el Estado no inició ninguna investigación ex officio, sino que fueron los propios representantes de las
víctimas quienes activaron la actuación judicial, solicitando una exhumación de los restos como anticipo de
prueba en el año 1996. A la fecha, transcurridos más de 37 años de lo ocurrido y 23 años de iniciada la
investigación, los hechos aún continúan en total impunidad, no se ha llevado a cabo una identificación
exhaustiva de los restos exhumados, ni se han adoptado medidas dirigidas a localizar el paradero o los restos
de las demás víctimas.
En atención a lo anterior, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado de Guatemala es
responsable internacionalmente por las siguientes violaciones:
1. Artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la
Convención Americana” o “la Convención”), en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de
las 53 víctimas fallecidas a consecuencia de la masacre o cuyo paradero se desconoce desde tal evento,
los que la CIDH presume también fallecidos, individualizadas en la Lista No. 1 del Anexo Único de
Víctimas del Informe de Fondo;
2. Artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo
instrumento y el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
(“CIDFP”), en perjuicio de las tres personas desaparecidas forzosamente y que fueron vistas por última
vez durante los eventos del 29 y 30 de abril de 1982 bajo custodia del Estado, individualizadas en la Lista
No. 2 del Anexo Único de Víctimas del Informe de Fondo;
3. Artículos 5.1, 5.2, 17 y 19 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de los 1498 sobrevivientes de la masacre y los 146 familiares de las víctimas
fallecidas a consecuencia de la misma, individualizadas en las Listas No. 3 y No. 4 del Anexo Único de
Víctimas del Informe de Fondo;
4. Artículo 22.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en
perjuicio de los 1498 sobrevivientes y 111 familiares de la masacre en la aldea Los Josefinos los que
debieron desplazarse forzosamente, individualizadas en las Listas No. 3 y No. 5 del Anexo Único de
Víctimas del Informe de Fondo;
5. Artículos 5.1, 11.2, 19 y 21 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de los 1498 pobladores, sus familias y niños de la aldea Los Josefinos cuyas
viviendas fueron quemadas, invadidas y destruidas, individualizados en la Lista No. 3 del Anexo Único
de Víctimas del Informe de Fondo;
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