[l]as víctimas del terrorismo requieren un apoyo especializado y específico para garantizar que se atiendan sus necesidades físicas, médicas y psicosociales, que se reconozcan y protejan sus derechos humanos y que se garantice su acceso a la justicia y a una indemnización. También necesitan asistencia para superar los problemas que dificultan el ejercicio de esos derechos y la atención de las necesidades que puedan tener, como la falta de recursos, las limitaciones para acceder a los servicios disponibles, las dificultades que plantean los ataques transfronterizos y el hecho de no ser reconocidas como víctimas del terrorismo 168. 148. En su Informe a la Asamblea General sobre “Terrorismo y Derechos Humanos” del 2023, el Secretario General también puntualizó que “[l]os Estados deben investigar, procesar y castigar a los autores de violaciones de derechos humanos y el daño causado por entidades no estatales” 169. Por su parte, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, presentó un informe en el 2012 que contiene principios marco para asegurar los derechos humanos de las víctimas del terrorismo. En él se indica que: el deber del Estado de investigar y procesar a los sospechosos de terrorismo guarda directa relación con su obligación de poner término a la impunidad y prevenir actos de terrorismo en el futuro. Las personas contra las cuales hubiese sospechas, por causas objetivamente razonables, de haber participado en la instigación, preparación, incitación o comisión de actos de terrorismo deben ser objeto de una debida investigación y, cuando proceda, procesados, condenados y penados con arreglo a las normas ordinarias del derecho y el procedimiento penales o debe concederse su extradición a otro Estado para ser procesados 170. 149. Asimismo, el relator estableció una serie de requisitos mínimos para la investigación de actos terroristas. En primer lugar, indicó que, una vez señalada la cuestión a la atención de las autoridades, estas deben actuar de oficio y no esperar que los familiares de las víctimas presenten una denuncia formal. Por más que pueda haber obstáculos que demoren la marcha de una investigación, esta debe llevarse a cabo en forma razonablemente ágil. En todos los casos, una vez abierta la investigación, las autoridades deben cerciorarse de mantener a los familiares plenamente informados de su marcha y de darles una oportunidad adecuada de participar. La investigación debe culminar en la identificación y el castigo de los responsables. Además, en los casos en que esté en juego la responsabilidad del Estado, las autoridades que efectúan la investigación deben ser totalmente independientes de quienes puedan estar implicados en los hechos. Asimismo, debe haber un elemento suficiente de examen público de la investigación y sus resultados de manera de rendir cuentas a la población. De la misma manera, las autoridades deben haber tomado medidas razonables para obtener y evaluar todas las pruebas que puedan ser pertinentes. En todos los casos, los investigadores deben ser verdaderamente imparciales y no tener una opinión 168 Naciones Unidas. Informe del Secretario General. Progresos realizados por el sistema de las Naciones Unidas para ayudar a los Estados Miembros a prestar asistencia a las víctimas del terrorismo, 8 de abril de disponible en 2020, A/74/790, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n20/092/38/pdf/n2009238.pdf?token=mxP1NBUDM8ZYy7lw12&fe =true. Naciones Unidas. Informe del Secretario General. Terrorismo y Derechos Humanos, 2 de agosto de disponible en 2023, A/78/269, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/228/71/pdf/n2322871.pdf?token=cZr5lBCDsJtALVhmSx&fe=t rue. 169 170 Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson. Principios marco para asegurar los derechos humanos de las víctimas del terrorismo, A/HRC/20/14, 4 de junio de 2012, párr. 34. 47