5. En sus informes, el Estado presentó la siguiente información respecto a las acciones adoptadas en cumplimiento a las medidas ordenadas en la resolución del Tribunal de 14 de noviembre de 2017 (supra Visto 1): i) En febrero de 2018, en relación con el análisis de riesgo, informó que “el personal del Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas […] entabló contacto con la beneficiaria para llevar a cabo el [referido] análisis de riesgo”, de modo que “el 03 de diciembre del 2017, se llevó a cabo la entrevista con la beneficiaria con el fin de recabar la información necesaria”. En tal sentido, indicó que, a partir de la referida entrevista, “se realizó el análisis de toda la información obtenida, derivando de ello la Evaluación de Riesgo [, en la cual] se determinó que la ponderación de riesgo en el presente caso arroja un nivel extraordinario”, por lo que se propusieron algunas medidas de protección4. Asimismo, informó que “el 19 de diciembre de 2017 se entregó a la beneficiaria la medida de seguridad consistente en un botón de pánico”. ii) En agosto de 2018, presentó un análisis actualizado de la situación de riesgo y señaló que “se han realizado recordatorios a las representantes de la beneficiaria reiterando que, en caso de que su equipo presente fallas o existan dudas sobre su funcionamiento, se reporte a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos”. Asimismo, respecto de las medidas empleadas para acabar con la campaña de desprestigio en contra de la beneficiaria, indicó que la Junta de Gobierno del Mecanismo ha aprobado los Lineamientos para el Reconocimiento a la Labor de Personas Defensoras y Periodistas, como una herramienta de política pública dirigida principalmente a servidoras y servidores públicos, y detalló las medidas adoptadas para la prevención de agresiones contra personas defensoras. iii) En noviembre de 2018, se refirió a los hechos informados por parte de las representantes de la beneficiaria en relación a su situación de seguridad, particularmente respecto de lo ocurrido el 6 de septiembre de 2018 e indicó que la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (en adelante “UDDH”) “hizo del conocimiento de la Fiscalía General del estado de Chihuahua el incidente”. Asimismo, en cuanto a la cancelación de la reunión en septiembre de 2018, indicó que “esta tuvo que ser cancelada y reagendada debido a que algunas de las autoridades convocadas [a] dichas reuniones expresaron que no contaban con información suficiente para hacer frente al desahogo de dichos compromisos”. iv) En marzo de 2019, se refirió a las medidas empleadas para acabar con la campaña de desprestigio en contra de la beneficiaria e indicó que “la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos […] determinó solicitar el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos […] para […] llevar a cabo el diagnóstico solicitado por la beneficiaria y sus representantes. […] Lo anterior, en razón del amplio conocimiento en los temas de derecho a la libertad de expresión y agravios a periodistas y personas defensoras de derechos humanos con la que cuenta la CNDH”. Asimismo, informó que en la reunión llevada a cabo el 21 de marzo de ese año con diversas autoridades estatales, la beneficiaria y sus representantes, se acordó “el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CNDH” y señaló que “[a] más tardar en un mes se informar[ía] formalmente a la beneficiaria a través de sus representantes la forma en que se implementará cada una de ellas”. v) En noviembre de 2019, el Estado se refirió a la implementación de las medidas recomendadas por la CNDH y señaló que “las medidas consistentes en cámaras de circuito cerrado y botón de pánico, […] siguen vigentes y seguirán implementándose”. Asimismo, respecto al “portón abatible eléctrico con sistema manual y láminas de control solar y seguridad con efecto espejo”, informó que “la UDDH se encuentra en espera de realizar las adecuaciones administrativas al contrato de prestación de servicios”. Respecto a “los rondines con bitácora y las cámaras del centro de comando, computación, comunicación y control”, informó que “la UDDH solicitó a la Fiscalía informar sobre la posibilidad de llevar a cabo la implementación de estas medidas en Dichas medidas incluyeron lo siguiente: i) continuar con el arrendamiento de línea y equipo de telefonía celular con aplicación de localización para sistema de reacción inmediata, botón de pánico; ii) continuar con la infraestructura en su entorno residencial y iii) vigilancia bitacorada en los domicilios residenciales de sus tres hermanas, así como números de emergencia a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. 4 3