INFORME No. 146/19 CASO 11.754 INFORME DE FONDO PUEBLO INDÍGENA U´WA Y SUS MIEMBROS COLOMBIA I. INTRODUCCIÓN 1. El 28 de abril de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por la Asociación de Cabildos Mayores del Pueblo U’wa, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Coalition for Amazonian People and The Environment (en adelante “la parte peticionaria”) 1 en la cual se alega la responsabilidad internacional de Colombia (en adelante “el Estado colombiano”, “el Estado” o “Colombia”), por la ejecución de una serie de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura, en perjuicio de los derechos del Pueblo U’wa. 2. La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 33/15 el 22 de julio de 20152. El 13 de octubre de 2015 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución amistosa, sin que se dieran las condiciones para iniciar dicho procedimiento. El 22 de diciembre de 2016 la CIDH recibió las observaciones de fondo de la parte peticionaria y el 28 de marzo de 2018 del Estado. Toda la información recibida durante el proceso, fue debidamente trasladada entre las partes. II. ALEGATOS DE LAS PARTES A. Parte peticionaria 3. La parte peticionaria señaló que desde 1992, el Estado ha otorgado una serie de licencias para proyectos y concesiones a diferentes empresas para el desarrollo de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura, sin respetar y garantizar el derecho a la consulta y sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de la Nación U’wa. Alegó también el desconocimiento del Estado de los títulos coloniales previos a la conformación de la República, por medio de los cuales la corona española otorgó la titularidad de la tierra a la Nación U’wa, con el agravante de que los títulos de propiedad de los predios y mejoras se han titulado a nombre del Estado a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en adelante INCODER) y no del Pueblo como lo ordena la institución jurídica del Resguardo. Afirmó que si bien en 1999 se amplió el Resguardo Unido U´wa, la ampliación no se hizo de acuerdo a las solicitudes del Pueblo U´wa, las cuales se fundamentaban en su territorio ancestral, sino que la delimitación se realizó convenientemente para los intereses de las petroleras, permitiendo que éstas se establecieran a escasos metros de las comunidades indígenas. Indicó que aún después de la ampliación del territorio, no se le ha otorgado el título de propiedad colectiva al Pueblo U´wa. 4. Agregó que la realización de proyectos en territorio U´wa ha implicado la entrada de colonos; el uso de maquinaria; la explotación del territorio; la militarización; la contaminación de los ríos, del aire, el daño y la destrucción de fauna y flora; y la contaminación y daño de lugares sagrados. 5. Indicó que desde 1992 se ha dado una fuerte militarización en tierra indígena, con la finalidad de brindar seguridad a las empresas y a los proyectos. Indicó que ello ha dado pie a hechos de violencia que han quedado en la impunidad, como homicidios, bombardeos, instalación de minas antipersonales, entre otros. Indicó que la Posteriormente se incorporaron como copeticionarias la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y Earth Rights International. En diciembre de 2016, la parte peticionaria informó que únicamente seguirían como copeticionarias la Asociación de Cabildos Mayores del Pueblo U´wa AsoU´wa, la ONIC, Earth Rights International y CCAJAR. 2 CIDH. Informe No. 33/15. Caso 11.754. Pueblo U’wa (Colombia). 22 de julio de 2015. La Comisión declaró admisible la petición respecto de los artículos 8, 13, 21, 23, 24, 25 y 26 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1. y 2 de la misma, así como del artículo XIII de la Declaración Americana. 1 1

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