INFORME No. 146/19
CASO 11.754
INFORME DE FONDO
PUEBLO INDÍGENA U´WA Y SUS MIEMBROS
COLOMBIA
I.

INTRODUCCIÓN

1. El 28 de abril de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión
Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por la Asociación de Cabildos
Mayores del Pueblo U’wa, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Coalition for Amazonian
People and The Environment (en adelante “la parte peticionaria”) 1 en la cual se alega la responsabilidad
internacional de Colombia (en adelante “el Estado colombiano”, “el Estado” o “Colombia”), por la ejecución de
una serie de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura, en perjuicio de los derechos del
Pueblo U’wa.
2. La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 33/15 el 22 de julio de 20152. El 13 de octubre de
2015 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una solución
amistosa, sin que se dieran las condiciones para iniciar dicho procedimiento. El 22 de diciembre de 2016 la
CIDH recibió las observaciones de fondo de la parte peticionaria y el 28 de marzo de 2018 del Estado. Toda la
información recibida durante el proceso, fue debidamente trasladada entre las partes.
II. ALEGATOS DE LAS PARTES
A. Parte peticionaria
3. La parte peticionaria señaló que desde 1992, el Estado ha otorgado una serie de licencias para proyectos y
concesiones a diferentes empresas para el desarrollo de actividades petroleras, mineras, turísticas y de
infraestructura, sin respetar y garantizar el derecho a la consulta y sin obtener el consentimiento libre, previo
e informado de la Nación U’wa. Alegó también el desconocimiento del Estado de los títulos coloniales previos a
la conformación de la República, por medio de los cuales la corona española otorgó la titularidad de la tierra a
la Nación U’wa, con el agravante de que los títulos de propiedad de los predios y mejoras se han titulado a
nombre del Estado a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (en adelante INCODER) y no del
Pueblo como lo ordena la institución jurídica del Resguardo. Afirmó que si bien en 1999 se amplió el Resguardo
Unido U´wa, la ampliación no se hizo de acuerdo a las solicitudes del Pueblo U´wa, las cuales se fundamentaban
en su territorio ancestral, sino que la delimitación se realizó convenientemente para los intereses de las
petroleras, permitiendo que éstas se establecieran a escasos metros de las comunidades indígenas. Indicó que
aún después de la ampliación del territorio, no se le ha otorgado el título de propiedad colectiva al Pueblo U´wa.
4. Agregó que la realización de proyectos en territorio U´wa ha implicado la entrada de colonos; el uso de
maquinaria; la explotación del territorio; la militarización; la contaminación de los ríos, del aire, el daño y la
destrucción de fauna y flora; y la contaminación y daño de lugares sagrados.
5. Indicó que desde 1992 se ha dado una fuerte militarización en tierra indígena, con la finalidad de brindar
seguridad a las empresas y a los proyectos. Indicó que ello ha dado pie a hechos de violencia que han quedado
en la impunidad, como homicidios, bombardeos, instalación de minas antipersonales, entre otros. Indicó que la
Posteriormente se incorporaron como copeticionarias la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo (CCAJAR) y Earth Rights International. En diciembre de 2016, la parte peticionaria informó que únicamente seguirían
como copeticionarias la Asociación de Cabildos Mayores del Pueblo U´wa AsoU´wa, la ONIC, Earth Rights International y CCAJAR.
2 CIDH. Informe No. 33/15. Caso 11.754. Pueblo U’wa (Colombia). 22 de julio de 2015. La Comisión declaró admisible la petición respecto
de los artículos 8, 13, 21, 23, 24, 25 y 26 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1. y 2 de la misma, así como del
artículo XIII de la Declaración Americana.
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