REF.:

Caso Nº 13.069
Manuela y familia
El Salvador

29 de julio de 2019

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso
Nº 13.069 – Manuela y familia respecto de la República de El Salvador (en adelante “el Estado”, “el Estado
salvadoreño” o “El Salvador”).
El caso se refiere a una serie de violaciones en el marco del proceso penal que culminó con la condena
por el delito de homicidio agravado a la víctima del caso, en el marco del contexto conocido en El Salvador sobre
criminalización del aborto. La Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la libertad personal por la
detención ilegal de la víctima, tomando en cuenta que fue detenida el 28 de febrero de 2008 bajo la figura de
flagrancia sin que se llenaran los requisitos para ello, pues en el momento de la detención se encontraba
recibiendo asistencia médica en el Hospital Nacional de San Francisco de Gotera.
Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a no ser privado de libertad
arbitrariamente, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la protección judicial ya que la decisión de
prisión preventiva se impuso tomando en cuenta la gravedad del delito, aplicando una disposición legal que
establecía que no procedía la sustitución de la detención provisional por otra medida cautelar en el delito de
homicidio agravado.
Por otra parte, la CIDH estableció la violación del derecho de defensa y de la protección judicial, tomando
en cuenta que la víctima no contó con abogado defensor durante las diligencias preliminares realizadas el 28 de
febrero de 2008 y, además, la defensa técnica incurrió en ciertas deficiencias que impactaron los derechos de la
víctima, entre ellas, una grave que consistió en no presentar un recurso contra la sentencia que condenó a la
víctima a 30 años de prisión.
También, la Comisión concluyó que El Salvador violó el derecho a recurrir el fallo pues al momento de los
hechos no existía un recurso que permitiera la revisión integral de un fallo condenatorio penal, ya que solo se
encontraba disponible el recurso de casación por inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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