2.
La Sentencia de interpretación emitida por la Corte el 14 de mayo de 20192,
mediante la cual desestimó por improcedente la solicitud de interpretación presentada,
toda vez que su propósito fue solicitarle que valore nuevamente cuestiones que ya fueron
resueltas en la Sentencia, de forma tal que se consideren como víctimas familiares que
no fueron considerados como tales en el momento procesal oportuno.
3.
La nota de la Secretaría de la Corte de 30 de octubre de 2020, mediante la cual,
siguiendo instrucciones de la Corte, se remitió al Estado, a las representantes y a la
Comisión IDH la versión de la Sentencia que debe utilizarse para realizar las
publicaciones dispuestas en el Fallo (infra Considerando 6).
4.
La Resolución emitida por la Presidenta de la Corte el 18 de diciembre de 2020,
sobre el cumplimiento del reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte 3.
5.

Los informes presentados por el Estado entre abril de 2019 y octubre de 2020.

6.
Los escritos de observaciones presentados por las representantes de las víctimas
(en adelante “las representantes”) 4 entre enero de 2019 y enero de 2021.
CONSIDERANDO QUE:
1.
En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus
decisiones 5, la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida en el
2018 (supra Visto 1). En la Sentencia la Corte ordenó doce medidas de reparación (infra
Considerandos 4, 8, 16, 34, 40 y 42), así como el reintegro al Fondo de Asistencia Legal
de Víctimas de la Corte. En el año 2020, la Presidenta del Tribunal emitió una Resolución,
en la cual declaró que el Estado dio cumplimiento al referido reintegro (supra Visto 4).
2.
De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a
cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Esta obligación incluye
el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir
cada uno de los puntos ordenados, lo cual es fundamental para evaluar el estado de
cumplimiento de la Sentencia en su conjunto6. Los Estados Parte en la Convención deben
garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios
(effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Estas obligaciones deben
ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente
práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos
humanos7.

Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de mayo de 2019. Serie C No. 378. Disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_378_esp.pdf.
3
Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de diciembre de 2020.
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/cuscul_fv_2020.pdf.
4
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Asociación de Salud Integral (ASI) y María
Cristina Calderón.
5
Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 30 de su Estatuto, y se encuentra regulada en el artículo 69 de su
Reglamento.
6
Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Supervisión de cumplimiento de Sentencia. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2004, Considerando 5, y Caso Mujeres
Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Supervisión Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de noviembre de 2020, Considerando 2.
7
Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37, y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual
en Atenco Vs. México, supra nota 6, Considerando 2.
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